El Partido Popular (PP) ha intensificado sus críticas al gobierno de Pedro Sánchez ante la crisis provocada por la DANA. En su estrategia, no ha dudado en culpar a diversos actores del gobierno y de las instituciones, centrándose ahora en Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica, a quien señala como responsable directa de la gestión de la catástrofe.

Desde el inicio de la emergencia, el PP ha optado por una táctica de 'echar balones fuera', culpando a todos, excepto a ellos mismos, de la crisis. En una serie de declaraciones, el presidente 'popular', Alberto Núñez Feijóo, ha insistido en que la gestión de la catástrofe ha sido "lamentable" y ha sugerido que Teresa Ribera debería seguir el ejemplo de la ministra alemana que dimitió por responsabilidades menores. La crítica a la ministra de Transición Ecológica se suma a los ataques previos al gobierno, a quienes acusa de actuar "de mala fe" durante la emergencia.

Sin embargo, lo que el PP no menciona es que, en España, las competencias para gestionar este tipo de emergencias son autonómicas. El responsable directo de la gestión de la alerta y de la petición de refuerzos es el gobierno regional, en este caso, el PP, a través de la Generalitat Valenciana. A pesar de ello, el PP sigue enfocando su ira en Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, desviando la atención de su propio rol en la gestión.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, fue uno de los primeros en señalar a la UME (Unidad Militar de Emergencias), acusándola de no enviar suficientes refuerzos. Sin embargo, un comunicado del jefe de la UME aclaró que la decisión de desplegar más efectivos no dependía de ellos, sino de la Generalitat, que era la que debía dar la orden.

Pero la lista de culpables para el PP no termina ahí. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) también ha sido criticada por su gestión de la alerta, ya que los datos climáticos, como Feijóo señaló, pueden ser inexactos y mejorables. Además, la Confederación Hidrográfica del Júcar, responsable de la gestión del agua en la cuenca, ha tenido que emitir un comunicado aclarando que la emisión de alertas de riesgo por crecidas no es de su competencia, sino de las autoridades autonómicas, es decir, de la Generalitat.