Tirar la toalla con los Presupuestos de 2025: el coste económico que amenaza la recuperación de España

Pedro Sánchez ha dejado claro, por si quedaban dudas, que si no se aprueban los Presupuestos de 2025 a tiempo (lo que parece cada vez más improbable), el Gobierno dará por perdidos los mismos y comenzará a negociar los de 2026. Sin embargo, lo que parece una simple cuestión administrativa podría tener repercusiones para la economía española, afectando directamente a las familias, las empresas y las comunidades autónomas.

A nivel macroeconómico, la falta de unos nuevos Presupuestos implicará que el Gobierno seguirá trabajando con las cifras de 2023, que ya no corresponden a la realidad actual del país. Esto supondrá una auténtica parálisis fiscal, ya que, al no poder aumentar el gasto público, el Ejecutivo se verá forzado a realizar recortes, especialmente en áreas de inversión pública, que son precisamente las que permiten el desarrollo de infraestructuras y servicios que la economía necesita para crecer.

Las consecuencias son claras y afectan directamente a las familias. Con los Presupuestos de 2023 como marco fiscal, se mantendrán los niveles de inversión que, lejos de adaptarse a los tiempos actuales, no responden a las necesidades urgentes del país. El estancamiento de infraestructuras clave, como la construcción de nuevas carreteras, el ferrocarril o el desarrollo de trayectos del AVE, es solo una de las primeras consecuencias visibles.

Además, los proyectos de viviendas sociales, uno de los objetivos prioritarios del Gobierno para dar respuesta a la demanda habitacional, quedarán detenidos. 184.000 familias seguirán esperando una solución a sus problemas de acceso a la vivienda, mientras el presupuesto se queda en una promesa incumplida.

Pero las familias más vulnerables serán las que sufran los efectos más inmediatos y graves de la falta de unos nuevos Presupuestos. La congelación del presupuesto no solo implica que no se puedan llevar a cabo nuevas inversiones, sino que también se suspende la revalorización de ayudas fundamentales para las clases más desfavorecidas, como el IPREM, que permanecerá en 600 euros mensuales por segundo año consecutivo.

Este índice es la base sobre la cual se calculan las becas, subsidios de desempleo y otras ayudas sociales, lo que implica que aquellos que dependen de estas ayudas no verán ninguna mejora, a pesar del aumento generalizado del coste de la vida y de la inflación.

Además, los recortes en gasto social suelen ser la vía más utilizada para hacer frente a los ajustes presupuestarios. En este contexto, las partidas destinadas a servicios públicos esenciales, como la sanidad o la educación, sufrirán los efectos de una austeridad renovada. El retraso en los Presupuestos también pondrá en suspenso los avances previstos en políticas como la Agenda 2030, cuyo cumplimiento dependería de una asignación más generosa de fondos públicos que, sin un presupuesto aprobado, quedará en el aire.

El impacto de la falta de Presupuestos no se limita a la economía doméstica, sino que afecta también a las empresas, que necesitan un marco claro para poder planificar el futuro. La incertidumbre fiscal derivada de la parálisis presupuestaria genera una inseguridad jurídica que disuade de tomar decisiones clave, como nuevas contrataciones, inversiones en innovación o la expansión de negocios.

Sin unas bases firmes sobre las que construir el futuro, las empresas se verán incapaces de asumir riesgos, lo que retrasará la recuperación económica y frenará la creación de empleo.

Las comunidades autónomas también se verán atrapadas en este escenario de inestabilidad. Al no contar con una nueva asignación presupuestaria, las autonomías se verán obligadas a trabajar con los márgenes limitados del presupuesto anterior, lo que reducirá su capacidad para hacer frente a nuevas demandas de inversión y afectará la calidad de los servicios públicos que gestionan. Esto tendrá un impacto directo sobre la atención sanitaria, la educación, las infraestructuras regionales y otros servicios esenciales.

Además, las repercusiones de la falta de presupuesto podrían trascender a nivel europeo. España, al ser un receptor clave de fondos europeos, depende de la ejecución de proyectos específicos para poder acceder a nuevas ayudas de la Unión Europea.

Si no se ejecutan los proyectos comprometidos, como los relacionados con la innovación tecnológica, infraestructuras sostenibles o la transición energética, el país podría enfrentarse a una pérdida significativa de estos fondos, lo que a su vez ralentizaría el crecimiento económico y la modernización de sus infraestructuras.