La sesión de este martes en el Congreso de los Diputados ha decidido también sobre las comisiones de investigación lideradas por el PSOE. Para tener la mayoría del Congreso y la presidencia de la socialista Francina Armengol, los socialistas acordaron con Junts y ERC la apertura de estas tres comisiones.
La primera es la de la conocida como 'Operación Cataluña', que trata sobre las presuntas actuaciones del Ministerio del Interior, durante los gobiernos del PP, vinculados a la existencia de una trama parapolicial. La segunda es acerca de los atentados de Cataluña en agosto de 2017, que busca aclarar cuáles fueron las presuntas responsabilidades políticas. Por último, está el 'caso Pegasus', el espionaje a través de ese sistema a políticos, abogados, periodistas, incluso a familiares y allegados de esas personas, en la cual podrían desclasificarse secretos oficiales.
Desde la aprobación de la Ley de Secretos Oficiales hace 55 años, solo se han desclasificado documentos ocho veces. Este hito histórico incluyó la revelación de información clave sobre los GAL durante el mandato de Aznar. Ahora, las comisiones podrían seguir este precedente al desvelar detalles sensibles de la operación Cataluña.
Bajo el gobierno de Zapatero, se vivió la etapa de mayor revelación de documentos secretos, especialmente en relación con los atentados del 11M. Informes detallados del CNI, documentos de la policía y la Guardia Civil, así como datos sobre amenazas terroristas en España fueron desclasificados para la Comisión de Investigación.
En la actualidad, se abre la posibilidad de desclasificar documentos secretos relacionados con el caso Pegasus, según fuentes de Defensa. Este hecho sería la octava vez en la historia reciente y la primera bajo el mandato de Sánchez. La revelación podría arrojar luz sobre asuntos cruciales, incluyendo la intervención telefónica del presidente Aragonès.
El CCE solicitó "actualizar los datos"
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El CCE aclara que, tal como establece la Ley de Protección Civil y el Plan Especial de Inundaciones, es su responsabilidad notificar a los municipios "en caso de declaración de situación de emergencia o preemergencia".