La Fiscalía ha remitido al Gobierno la posible ocupación ilegal de los frailes benedictinos del Valle de los Caídos, actuando a instancias de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Y sobre esta cuestión ha hablado Cristina Pardo con el portavoz de dicha organización, Bonifacio Sánchez, que lo ha explicado así: "La ley que marca el BOE en 1958, cuando se firma un acuerdo con los monjes benedictinos de carácter indefinido para su permanencia en Cuelgamuros, es modificada en 2015 por una ley que marca un plazo de cuatro años para que todas aquellas instituciones que no hayan renovado algún tipo de convenio, como este caso, queden fuera de la ley".

"Nosotros ponemos en conocimiento de la Fiscalía lo que consideramos que es una alteración de la ley, y entendemos que la Fiscalía debe velar por la legalidad democrática, y en este caso en octubre se cumplían los cuatro años que daba la ley de 2015 para la permanencia de los benedictinos en el Valle", ha apuntado Sánchez, que ha añadido que "deberían salir en cumplimiento de la propia ley, que es para todos".

Lo que no se puede, ha proseguido el portavoz de la ARMH, es "hacer una excepción en función de no se sabe qué intereses, aunque se trate de una orden religiosa": "Hasta aquí hemos llegado, la ley es la ley y la Fiscalía, si no me equivoco, tiene el deber y la obligación de velar por la legalidad", creyendo en este sentido que no se ha hecho bien al "trasladar esta petición a Patrimonio Naciona, pues no es otro organismo sino la Fiscalía la que tiene la competencia de dirigirse a los tribunales y abrir un expediente sancionador o lo que corresponda".

Marta García Aller

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