El abogado de la joven marroquí a la que acusan de okupar la vivienda de una anciana de 89 años en Madrid, Pablo Galdón Cabrera, ha asegurado que "existe una relación contractual" y que Carmen, la mujer, está siendo utilizada por su familia y por la empresa Desokupa.
En una entrevista en Más Vale Tarde, el letrado ha sido cuestionado por la versión de su cliente, después de que hace diez días cobrara relevancia la historia de la mujer, que decía haber sido expulsada por su cuidadora tras estar hospitalizada con COVID-19.
Galdón insiste en que "existen todos los elementos que llevan a la perfección del contrato y su existencia". En este sentido, detalla que "existen recibos del pago por parte de mi clienta desde que empezó a habitar esa vivienda y hasta el día de hoy. Y existe un documento firmado por la inquilina Carmen, que mi clienta pensaba que era la propietaria, en el que reconoce el 30 de enero de 2020, certifica que habita en esa vivienda desde el 17 de enero de 2017".
Galdón asegura que esa relación contractual "está reconocida por doña Carmen" y también por el hijo de ella: "El 7 de agosto le manuscribe un documento en el que dice que tiene que abandonar la casa en la que está en alquiler".
Asimismo, censura el comportamiento de Desokupa y afirma que conocen desde el primer momento que la estancia de su clienta en esa vivienda es legal. "El primer día que van allí, después de acosar a mi clienta e imputarle la comisión de varios delitos, la Policía les aclara que existen documentos y hay apariencia de buen derecho".
"Carmen no se ha inventado nada -ha asegurado Galdón-, lo que está siendo es usada y manipulada por su hijo, su nuera y sus nietas. Y por Desokupa, para hacerse famosa sin importarle los medios".
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Galdón ha subrayado que su clienta fue consciente del problema cuando recibió un burofax "de la propiedad". Es en ese momento cuando se da cuenta de que Carmen no es la propietaria. En el documento adjuntan una fotografía del buzón, donde solo está su nombre, y piden la justificación. Presuntamente, en el contrato de renta antigua de Carmen estaba explícitamente prohibido subarrendar la vivienda.
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