La situación judicial del rey Juan Carlos ha abierto un debate sobre los aforamientos. Tanto es así que Pedro Sánchez ha hablado sobre su inviolabilidad, destacando que "es uno de los preceptos sobre el que todos deberíamos reflexionar y la Constitución española tiene que evolucionar conforme a las exigencias de ejemplaridad y conducta política de las sociedades".
Al respecto, Ignacio Escolar ha apuntado en una entrevista en Más Vale Tarde que en el caso de que el Tribunal Supremo "tumbe la investigación" al rey emérito "debido a su inviolabilidad, la situación del rey Felipe VI va a quedar muy tocada".
A su juicio, tendría que ser el propio jefe del Estado el que renunciara a la inviolabilidad. "Alguien le tendría que recomendar que renunciara a este privilegio medieval porque no tiene sentido que tenga una protección en presuntos delitos de corrupción económica", ha destacado.
Asimismo, el director de 'elDiario.es' ha señalado en esta entrevista que si bien esta reforma de la Constitución "es de las difíciles porque implica un referéndum, se va a plantear".
De hecho, el presidente del Gobierno indicó en el citado periódico el Gobierno "ha planteado antes y después de las elecciones una reforma de la Constitución para revisar los aforamientos de los cargos públicos para que estén circunscritos a su actividad parlamentaria y no a otra".
La investigación se refiere a la construcción del AVE a la Meca
La investigación que afecta al rey Juan Carlos se refiere a la Fase II de la construcción de la línea de ferrocarril de alta velocidad, el llamado AVE del desierto que une las ciudades de Medina y La Meca, en Arabia Saudí.
El Ministerio Público ve posibles indicios de delitos e investigará si los hechos posteriores a junio de 2014 -cuando el rey emérito abdicó- tienen relevancia penal.
En concreto se están investigando dos ingresos: 100 millones de dólares del rey de Arabia Saudí a Juan Carlos en 2008 y 65 millones de euros del rey a Corinna en 2012. A pesar de todo la Fiscalía tiene dudas sobre la comisión del delito de blanqueo de capitales.
Anticorrupción pide su libertad
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