El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sueca (Valencia) ha abierto una investigación para esclarecer la muerte de un hombre de 91 años en la localidad valenciana de Cullera, acaecida el verano del pasado año, y el presunto desvío de su patrimonio a su cuidadora y a un párroco, a quienes ha impuesto medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer periódicamente en sede judicial.
La familia del hombre fallecido ha acusado a la cuidadora y al sacerdote de engañar al anciano para quedarse con su herencia. Asimismo, han señalado que la mujer fue aislando al hombre de sus amigos y vecinos, y también creen le daba algún medicamento para "anular su capacidad". Afirman que se aprovechó de él hasta el punto de que tan solo 18 días después de empezar a trabajar con él, la cuidadora ya era la propietaria de la casa y la que controlaba las cuentas bancarias.
"Había entrado el 29 de junio en la casa y el 17 de julio ya estaba la casa en el registro de propiedad a nombre de ella. Ha ido despareciendo el dinero y ahora ya quedan cuatro euros", ha afirmado un familiar del anciano fallecido a los medios de comunicación.
La investigación se centra en el fallecimiento del anciano, que cambió su testamento a los 18 días de que la cuidadora investigada comenzara a trabajar para él, en julio de 2023. Mes y medio después, el hombre falleció por una insuficiencia respiratoria sin que se le llegara a hacer la autopsia, fue incinerado y dejó una vivienda para la mujer y 6.000 euros a la parroquia.
Sin embargo, el abogado del cura ha señalado a laSexta que el sacerdote está "muy muy afligido" y asegura que "no se ha llevado ni un euro, ni él ni la parroquia de San Antonio Abad" por su "expreso deseo". Además, ha sostenido que la Guardia Civil "no tiene nada contra él y que solo son conjeturas".
Medidas cautelares
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) han confirmado de que el religioso y la mujer comparecieron ante la jueza este jueves citados como investigados por presuntos delitos de homicidio y extorsión ante la titular del juzgado. La jueza ha impuesto a ambos investigados medidas cautelares consistentes en la retirada de pasaporte y la prohibición de salida del territorio nacional, así como comparecencias en sede judicial cada 15 días, detalla el Alto Tribunal valenciano.
La causa judicial se incoó a finales de 2023, meses después de que un sobrino del fallecido interpusiera una denuncia ante la Guardia Civil tras descubrir que la cuidadora de su tío figuraba como heredera universal de éste. El juzgado va a continuar practicando diligencias de investigación, como declaraciones de testigos, para el esclarecimiento de los hechos.
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