El juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena ha dado este martes un plazo de cinco días a las partes para informar sobre la ley de amnistía tras su publicación en el BOE y comunica a la Policía que la orden nacional de detención del expresidente Carles Puigdemont sigue activa.
"No se llegaría a un limbo jurídico, pero si a un laberinto de salida larga porque hay una serie de problemas jurídicos que van a resolverse en cascada a la vista de los precedentes que se han ido diciendo desde el Tribunal Supremo", ha explicado Joaquim Bosch.
Lo primero que se debe hacer es decidir después de hablen las partes si los supuestos de los casos vinculados al 'procés' encajan o no encajan en la ley de amnistía. El magistrado ha aseverado que hay dos problemas fundamentalmente: si el terrorismo y la malversación que han sido graduados entran dentro o fuera y, por otra parte, si entrase dentro el Tribunal Consitucional la propia institución podría valorar si la ley es constitucional.
"Si se diera este caso, esto complicaría aún más la situación. Aunque esto no significa que no tenga salida o que se quede en un limbo, sino que la resolución podría demorarse", ha aclarado el magistrado.
En el caso de que el juez Llarena levantase la orden de detención contra Carles Puigdemont y algún tribunal dicta que la malversación no se puede amnistiar, Bosch ha explicado que lo que pasaría es que en principio "no afectaría a la medida contra Puigdemont".
"Si Llarena como juez instructor del caso levanta las medida cautelares de la orden de detención vigente, Puigdemont tendrá vía libre para venir a España sin perjuicio de lo que hagan otros tribunales", ha señalado.
