Las religiosas clarisas del Monasterio de Belorado (Burgos) aseguran que no están encerradas, secuestradas, manipuladas ni alejadas de sus familias y, sobre todo, que "no se van de la Iglesia" y que desmentirán las informaciones que se han difundido desde que el lunes, a través de un comunicado, anunciaran que abandonaban la Iglesia católica.
En el mismo, firmado por la madre abadesa, sor Isabel de la Trinidad, en nombre de las dieciséis hermanas que forman la comunidad religiosa, indicaban que pasaban a estar bajo la tutela y jurisdicción de Pablo de Rojas Sánchez-Franco y su llamada Pía Unión Sancti Pauli Apostoli, que no están en comunión con Roma y cuyo fundador fue excomulgado en 2019.
A través de una cuenta en la red social Instagram (@tehagoluz), de reciente creación, las monjas han compartido un vídeo y una fotografía, en la que se ve a una decena de ellas con sus familias y con el religioso que las está acompañando en el proceso, miembro de la Pía Unión Sancti Pauli Apostoli, a las órdenes de Pablo de Rojas Sánchez-Franco.
Junto a la imagen, un texto: "Hermanas llamadas 'cismáticas' encerradas, secuestradas, manipuladas y alejadas de sus familias", con el que intentan desmentir las informaciones difundidas estos días. "No nos vamos de la Iglesia. Os lo iremos explicando. Así que a los que estáis preocupados por esto tened un poco de paciencia", han indicado.
Las publicaciones en Instagram se suman a los contenidos que, durante toda la semana, han ido apareciendo en una página web también de reciente creación, www.tehagoluz.com, en el que las hermanas se presentan y que incluye, hasta el momento, el manifiesto católico y la carta en la que anuncian su salida de lo que ellas llaman 'Iglesia Conciliar'.
Una polémica generada por una compraventa
Toda la polémica se originó este lunes, cuando la comunidad de las Monjas Clarisas de Burgos anunciaron su renuncia a la tutela eclesiástica para pasar bajo el liderazgo de Pablo de Rojas Sánchez-Franco. El inicio fue la compra de un convento por parte de las monjas, valorado en 1,2 millones de euros.
Las monjas no cumplieron con los pagos acordados, además de la afirmación del alcalde del pueblo que "no disponían de la licencia por parte del Papa para la compraventa". Y, ante la falta de acuerdo (aportaron la oferta de un benefactor para comprar el convento que fue denegada), las monjas decidieron rescindir el contrato y exigieron una compensación de 1,6 millones de euros por los arreglos realizados en el convento, anunciando al mismo tiempo su salida de la Iglesia Católica.
