Era 1959 en el cine
triunfaban ‘Las chicas de la Cruz Roja’, Fraga estaba a punto de inventarse el
famoso "Spain is different" y los tecnócratas aprobaban el Plan de
Estabilización. Uno de esos ministros tecnócratas era Mariano Navarro Rubio,
titular de Hacienda.
El todopoderoso
ministro, que acabaría cayendo por el caso Matesa, se encaprichó de una
parcelita en Xàbia. Nada, poca cosa, 7.000 metros cuadrados a pie de mar, que
el Ayuntamiento le vendió por 10.000 pesetas.
Cinco años después, en
1964, se construyó una casa. Un chalé que se ha convertido en uno de los
símbolos de la destrucción de la costa y, a la vez, ejemplifica muy bien las
prebendas de las que disfrutaron los prohombres de la dictadura: una mansión en
primera línea de playa, sobre unas ruinas romanas, y en una parcela comprada
por dos duros.
La vivienda, que
incumple la Ley de Costas, sigue en pie gracias a una concesión pública
otorgada por el Gobierno. En los últimos años varios diputados han pedido en el
Congreso información sobre la vivienda pero los detalles de la concesión siguen
sin hacerse públicos.
laSexta columna ha tenido acceso a información relativa a esa concesión y la vivienda tiene fecha de caducidad: 2.049. Es decir, le quedan 30 años.
Según fuentes del
ministerio de Transición Ecológica, el expediente del chalé del ministro se
basa en la disposición transitoria 1ª la ley de Costas de 1988 que establece
que “los propietarios por sentencia judicial de espacios que pasan a ser
dominio público tienen derecho a una compensación en forma de concesión, sin
lugar a ninguna indemnización económica”.
Al amparo de esa
disposición transitoria, en 1989 se le concedió a la familia de Navarro rubio
una prórroga de 30 años, ampliable a otros 30. Esa doble prórroga, recuerdan
desde el departamento que dirige Teresa Ribera, no es prorrogable y termina en
2.049, año en el que la vivienda del exministro franquista deberá ser
derribada.
En el ministerio
recuerdan que, ante este tipo de concesiones, “no cabe la posibilidad de que la
Administración Pública se niegue a reconocer los derechos a quienes sean titulares de los mismos. La concesión es
obligatoria (no discrecional) por 30 años prorrogables por otros 30”.
No tendría, por tanto,
nada que ver con las prórroga concedidas a partir de 2013 por el Gobierno de
Mariano Rajoy y que han permitido, por ejemplo, que siga abierta la papelera de
ENCE.