Para el Gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy, un manifestante era casi un golpista. Fueron varios los ministros de aquel gobierno los que utilizaron términos, cuanto menos, agresivos, para referirse a la gente que se echó a la calle.
Cristina Cifuentes relacionó a la plataforma 'STOP Desahucios' con "ciertas inquietudes de apoyo a grupos filoetarras". Fernández Díaz habló de "técnicas de guerrilla urbana, violencia y vandalismo" en las calles de España. María Dolores de Cospedal aseguró que "la última vez que alguien rodeó el Congreso fue en un Golpe de Estado".
Para silenciar a estos ciudadanos subversivos, el Gobierno de Rajoy aprobó una Ley de Seguridad Ciudadana a la medida de aquellas manifestaciones. En cinco años, se han impuesto un total de 765.000 sanciones.
Jacobo Dopico, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III, asegura que esa ley "prohíbe y sanciona conductas típicas de ciertos modos de manifestación". "Por ejemplo en manifestaciones de preferentistas, ellos entraban en sedes bancarias; el que pase a convertirse en infracción administrativa... sorprende", afirma.
Prueba de campo
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