Las actas de la Policía Local de Madrid que Isabel Díaz Ayuso quería ocultar litigando para que no se conocieran las inspecciones que se produjeron en las residencias durante los peores momentos de la pandemia arrojan información relevante. En la documentación a la que hemos tenido acceso se indica que el protocolo que la consejería de Sanidad mandó a los centros para que no se derivara a los enfermos de covid en estado más grave de las residencias funcionó de manera efectiva acorde a cómo se había planeado. Pero además, las actas recogen una derivada accesoria y cruel, la imposibilidad de recibir asistencia hospitalaria que provocó que muchas personas ancianas murieran sin tener acceso a material sanitario para cuidados paliativos por carestía en las residencias.
La lectura de las más de 300 páginas de las actas de la Policía Local muestra una situación de terror, desesperación y muerte en soledad y sin cuidados adecuados para los miles de ancianos que murieron en las residencias de Madrid sin asistencia hospitalaria. Las inspecciones de la Policía Local ordenadas por la Sección de Inspección y Evaluación de Servicios dependiente de la Jefatura de Policía Municipal de Madrid son elocuentes para comprender lo que se vivió esos días en las residencias de ancianos de Madrid que estaban a cargo de Isabel Díaz Ayuso.
En un acta de la policía local de Madrid fechado el 7 de abril de 2020 en una inspección de la "Residencia Amavir Usera" situada en la Avenida de la Perla quedó reflejado en las observaciones que los pacientes con covid no podían ser derivados al Hospital 12 de octubre, como hospital de referencia de la residencia, porque no se admitían. En la residencia había en ese momento 136 residentes y habían muerto ya 30 ancianos en esas fechas. Los policías locales recogieron en el acta de inspección la siguiente apreciación: "Las derivaciones al hospital de referencia (hosp. 12 octubre) no se admiten para personas con síntomas por COVID".
Lo mismo ocurrió en la "Residencia Mayores Mirasierra" del grupo Domus situada en la calle Portera del Cura. El acta de la Policía de fecha 23 de abril es aún más claro: "De los 69 fallecidos, 9 fallecieron en el hospital, y el resto (60) fallecieron en la residencia provocado por la no admisión de derivaciones de dichos pacientes en el hospital de referencia (Hospital La Paz)". En esa misma acta los agentes de la autoridad expresan lo siguiente: "Durante la permanencia de estos agentes en el centro se observa cómo la directora se derrumba en varias ocasiones manifestando su necesidad de apoyo psicológico".
Murieron sin cuidados paliativos
En las residencia "Las Azalgas" a fecha de 1 de abril un acta de la Policía Local de Madrid recoge que los enfermos terminales tuvieron que acabar sus días sin asistencia hospitalaria paliativa. Lo más que pudieron recibir fue asistencia telefónica geriátrica para que los empleados de la residencia pudieran mitigar en parte el dolor sin acceso al material sanitario necesario. En el acta, en la sección de observaciones, los policías escriben lo siguiente: "Los cuidados paliativos de noche, al no tener médico y enfermera, les autorizaron desde el servicio de paliativos del Hospital Ramón y Cajal el uso de palomillas subcutáneas que tampoco disponen de ellas (no encuentran, actualmente solo tienen cuatro)". Las palomillas subcutáneas son un tipo de material usado para proporcionar medicina de forma constante de una manera indolora y efectiva destinada sobre todo para el tratamiento de enfermos terminales que precisan de cuidados paliativos.
El mismo caso se dio en la residencia Peñuelas del grupo Aralia, según recoge un acta de la Policía Local fechado el 29 de abril de 2020. En las observaciones de los agentes, al visitar la residencia donde murieron 45 de los 149 residentes a fecha de la inspección, se recoge el mismo modus operandi para el tratamiento de paliativos al no haber derivación a los hospitales de referencia: "Han tenido colaboración con geriatría de la Fundación Jiménez Díaz…se mantiene contacto con paliativos del mismo centro para control de los enfermos más graves con el fin de conseguir una muerte digna para los casos más graves".
La orden de no trasladar a los enfermos más graves a los hospitales fue enviada por los responsables de Sanidad de Isabel Díaz Ayuso en las fechas anteriores a que las actas de la Policía recogieran el hecho de que los ancianos estaban muriendo en las residencias sin posibilidad de recibir asistencia médica ni cuidados paliativos en los hospitales públicos de Madrid. Es decir, primero la orden y luego las actas recogiendo los hechos. El protocolo de la vergüenza funcionó con eficiencia y logró su cometido.
