Pocos en España conocerán al que quizás sufrió la campaña de descrédito político y mediática más encarnizada de la historia en la Europa de la posguerra. Se llamaba Arthur Scargill, y era el líder del sindicato minero británico (NUM, en sus siglas en inglés), que arrodilló al Partido Conservador británico durante décadas y que se enfrentó a Margaret Thatcher en una guerra sin cuartel existencial en la que los toris no dudaron en usar todas las armas legales y paralegales para destruir a Scargill. El enemigo interior, como se calificó a los mineros desde el Estado británico, sufrió una guerra secreta solo comparable a la que los servicios de seguridad han tenido contra organizaciones terroristas, con la salvedad de que el NUM solo era un sindicato que luchaba por el mantenimiento de los derechos laborales de los mineros de forma legal. No existen precedentes, por mucho que en la izquierda española se crean los primeros, parecidos a la persecución que sufrió Arthur Scargill.

Los mineros del NUM se enfrentaron a una policía paramilitar específicamente creada para reventar las huelgas, escoltar esquiroles y apalear a mineros del sindicato. Los métodos fueron muy variados. Según Seumas Milne se utilizaron métodos de vigilancia ilegales masivos, se financió a esquiroles y se realizaron campañas de todo tipo para comprometer a los líderes del sindicato. Pero fue en la persona de Arthur Scargill donde se centraron todos los ataques al considerar que si desacreditaban al cabecilla y líder de las movilizaciones acabarían con el conflicto. Para ello se creó la operación antisubversiva más importante de Gran Bretaña.

El odio primitivo de los conservadores al sindicato de mineros tiene sus orígenes en las huelgas de 1972 y 1974 que acabaron con el gobierno de Edward Heath tras lograr la semana de tres días y bloquear el depósito de combustible sólido en Birmingham con más de 10.000 sindicalistas y trabajadores provocando el colapso de la producción de Gran Bretaña en lo que se llamó la batalla de Saltley Gate. Los conflictos mineros de los 70 provocaron el fin del gobierno torie en las siguientes elecciones y el liderazgo de Arthur Scargill, uno de los impulsores del piquete en Saltley que tumbaría a los conservadores.

El plan de Margaret Thatcher cuando llegó al gobierno en 1979 estuvo claro. Acabar con el Sindicato Nacional de Mineros y su líder Arthur Scargill por lo civil o por lo criminal, haciendo política o usando artimañas ilegales. Como fuera. Y lo logró, para ello impulsó un plan que activaría todos los resortes posibles, desde los servicios de inteligencia a los medios de comunicación para desprestigiar a Scargill y acusarle falsamente de delitos de corrupción que fueron más convincentes que la Operación PISA o la de financiación irregular de Podemos con Venezuela. Acabaron con los mineros, vencieron la huelga, tumbando a Scargill con mentiras y difamaciones orquestadas de las cloacas del Estado británico.

Las dinámicas de los fanáticos en política son claras, concisas, poco disimuladas y reiteradas. Se basan por encima de todo en criminalizar y desacreditar por todos los medios posibles a quien tiene la osadía de poner en cuestión sus políticas y liderazgos. La estrategia pasa por desprestigiar y matar civilmente a todo aquel que cuestione, confronte y active el conflicto contra las políticas de desmantelamiento de los servicios públicos. Estas semanas hemos tenido muchos ejemplos de cómo la única manera de confrontar con aquellos miembros de la sociedad civil que ponen en cuestión al poder son puestos en la picota de manera recurrente.

Elisa María Lozano es una estudiante brillante, alumna ilustre de la Universidad Complutense queutilizó su discurso para criticar a Isabel Díaz Ayuso, su nombramiento en la facultad y sus políticas. Dar su opinión sirvió para que los medios que trabajan al servicio de Lady Madrid corrieran a rebuscar en la basura para solo encontrar que sus padres la llevaron de niña a un colegio privado en Móstoles. Desacreditarla y exponerla porque no pueden ocultar su discurso. Victor es un chico de 19 años que vivía en uno de los pisos de San Fernando de Henares afectado por las obras del Metro de Madrid que hizo rápido y corriendo Esperanza Aguirre para poder inaugurarlas antes de las elecciones. Una intervención suya en un programa de televisión dejó en evidencia a Alfonso Serrano, diputado del PP de Madrid, suficiente para que Okdiario de nuevo corriera a buscar algo con lo que exponer a la víctima. Lo único que encontraron fue que le entrevistaron en un vídeo de Más Madrid durante una de las movilizaciones protestando por la situación de sus viviendas. Ya no es una víctima, no importa lo que diga, le llamamos activista de Más Madrid y su crítica queda desacreditada. Esa estrategia la verán siempre, de manera recurrente, en cada conflicto, por eso los médicos en huelga dejan de ser héroes a los que aplaudir por la pandemia para convertirse en liberados que despreciar.