Siempre he sentido cierta conmiseración y un indisimulado desprecio por esas caras silentes y asintientes que se ubican detrás de un líder político para aparentar apoyo y compañía al que ostenta el poder de la propia organización. No puedo esconder que veo en esas cabezas oscilantes una especie de peaje hacia un rédito futuro. La cohorte de personas que siguen a un líder político tienen la mayoría de las veces trabajadores honestos, empleados válidos y militantes sinceros, pero en otras muchas ocasiones se esconde entre la multitud honorable una escoria purulenta que solo hace de escudero esperando expoliar lo público aprendiendo una serie de comportamientos para ascender y despedazar la confianza en lo político mediante el robo, la corrupción y el medro.

En el país del mérito en la boca y la cultura del esfuerzo hay una especie de sinvergüenzas amorales que afloran cerca del poder y que tienen la capacidad para prosperar, enriquecerse y florecer entre los restos y la basura que los poderosos dejan caer de la mesa. La única y verdadera teoría del derrame neoliberal es la que hacen estos parásitos acercándose a quien tiene la llave del dinero público para quitar recursos de lo de todos y enriquecerse chupando como garrapatas de aquello que todos precisamos para tener una sociedad sana y justa. Refieren el nombre de Koldo García, Tomás Díaz Ayuso, Alberto Luceño o Luis Medina .

Estos crápulas no serían nada sin su afín en el poder y no importa si la justicia los llama delincuentes o no, porque son sabandijas sin ética que se lucran con lo de todos. Tomás Díaz Ayuso no podría haber hecho ese negocio con la administración de Isabel Díaz Ayuso sin haber sido su hermano y compartir apellidos con quien abre cualquier puerta en una institución presidencialista en la que todos y cada uno de sus miembros le deben su puesto. Lógicamente, Tomás Díaz Ayuso no se planteó que ganar una comisión de 234.000 euros por la venta de mascarillas a la administración que presidía su hermana cuando en España la gente moría a chorros era inmoral. Donde otros ven una pandemia y una tragedia la familia de Ayuso veía una oportunidad.

No existe la posibilidad de cobrar comisiones de manera ética con la venta de mascarillas y no tendría que haber posibilidad de cobrarlas de manera legal. Porque por muy legal que la justicia diga que sea poder cobrar comisiones de dinero público por poner tu nombre en una transacción usando el capital social que da tu apellido en una administración que preside tu hermana es inadmisible. Ese simple hecho es motivo más que suficiente para que Isabel Díaz Ayuso presentara su dimisión por haber permitido que su hermano se embolsara 234.000 euros en comisiones con la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia. Aunque todos sabemos que esa dimisión era imposible considerando el baremo ético que maneja quien dejó morir sin atención hospitalaria ni acceso a cuidados paliativos a 7291 ancianos sin seguro médico privado. La reina de la necropolítica no ve nada irregular en que su hermano se llevara una morterada de recursos públicos con el cobro de comisiones del mismo modo que un narcotraficante no ve problema en no hacer la trimestral del IVA. Son sus estándares morales.

El caso de Koldo García es el último de los muchos y el primero de los próximos. Koldo no hubiera sido nada sin José Luis Ábalos dejando que un personaje de su estofa se valiera de puestos que nunca mereció y que tuvo solo por ser fiel a sus intereses de manera acrítica, un soldado que solo defendía a su líder como llave para el lucro. El exministro no tenía a su lado a Koldo García por su valía profesional ni por sus méritos, lo tenía única y exclusivamente porque se había relacionado con su mundo político con unas dinámicas schimittianas de amigo y enemigo y necesitaba a su lado a perros de presa que despedazaran al adversario con solo un chasquido de dedos. Lo tenía a su lado por ser fiel sin considerar cuál era su valía y por eso es responsable político de la presunta acción criminal de su asesor.

José Luis Ábalos debe dimitir. Debe hacerlo no por haberse lucrado, ni por haber cometido un ilícito penal, sino por haber propiciado con sus nombramientos y falta de vigilancia que otros se lucraran con el dinero público en un momento tan delicado como el de la pandemia cuando todos estábamos pensando en la propia supervivencia y la de nuestros familiares. Es el responsable político del hecho por mucho que no sea incriminado penalmente ni factualmente. Por eso precisamente tendría que haber dimitido José Luis Martinez Almeida o Isabel Díaz Ayuso, porque no importa que ellos hayan estado incriminados penalmente o no en los hechos que motivaron que hubiera quien se lucrara con la venta de mascarillas con su administración. Son los responsables políticos del desfalco y el desvío de recursos públicos a los bolsillos de sus asesores, amigos, afines o hermanos. La dimisión de Ábalos servirá para señalar a quien no lo hizo cuando los cobros de comisiones por la venta de mascarillas les afectaron a ellos.