La ciudadanía es adulta. Los votantes de los partidos de coalición de gobierno también. Los fanáticos acríticos menos. El acuerdo entre el Gobierno, sindicatos (solo CCOO y UGT) y patronal es un avance respecto a los derechos que teníamos desde 2012 pero queda muy lejos de recuperar los derechos que teníamos en 2009. Los derechos perdidos no se recuperan solo desde las instituciones, CCOO y UGT han jugado únicamente la carta del dialogo social sin empujar desde las calles y eso tiene unos límites visibles en esta reforma. Para volver a los derechos de 2011 hacen falta adoquines y no mesas con carpetas.

Los avances en negociación colectiva son indudables y añadirán mucha fuerza negociadora a los trabajadores y las trabajadoras. La recuperación de la ultractividad que no hace decaer los convenios caducados al año, con lo que suponía en la merma de los derechos laborales porque los empresarios no tenían ningún incentivo en la renovación. Este es sin duda el punto fuerte de la reforma laboral, unido a la limitación de actuación en la subcontratación que tanto ha precarizado el empleo. Esto último está detrás de los problemas principales que asolaban a los trabajadores del metal de Cádiz que se manifestaban hace pocas semanas y de sectores precarizados hasta la miseria como el de las Kellys.

La reforma laboral es manifiestamente mejor que la que teníamos desde el año 2012. Eso es un hecho, pero no es lo suficientemente ambiciosa que cabría esperar de un Gobierno que tiene la correlación de fuerzas necesaria para cumplir con la promesa plasmada en infinidad de declaraciones políticas, en los programas de gobierno, en los acuerdos bilaterales de investidura y que ni siquiera cumple con lo acordado en el pacto de coalición.

Lo negativo del acuerdo es también sustancial. La prevalencia de los convenios empresariales frente a los sectoriales en todos los aspectos, menos en la parte salarial y de complementos, es una renuncia muy importante que sigue dejando a las empresas un margen de actuación muy amplio a la hora de cambiar las condiciones de trabajo cuando se producen causas económicas o productivas.

La no recuperación de los salarios de tramitación cuando hay un despido improcedente es otra de las pérdidas más sustanciales que no se recupera y que, unida a la más simbólica, que es la indemnización por despido y que sigue en los términos fijados por el PP en 2012, continua haciendo tremendamente lesivo para las trabajadoras y los trabajadores ser elegidos por un empresario para ser despedidos.

Esta escasa ambición se debe a la incorporación en el acuerdo de la CEOE, que ha limitado la posibilidad de lograr derechos que se habían comprometido en el papel a recuperar. Hay un argumento esgrimido para acercar a la CEOE al acuerdo: que la reforma laboral sea aceptada por Europa y que la blinde frente a la derecha ante una posible derogación del acuerdo si logran llegar al poder. Es un argumento razonable para la primera premisa, porque Europa manda mucho, pero muy inocente en la segunda. Si algo ha quedado demostrado es que la derecha no hace prisioneros cuando logra el gobierno y no dudará en hacer como hizo en 2012 y crear una legislación laboral únicamente acorde a los intereses de la patronal y en contra de los derechos de los trabajadores.

Es un triunfo sin paliativos para Yolanda Díaz en términos políticos. Ha logrado aparecer como una líder que es capaz de unir a los antagónicos en un momento de polarización absoluta que sigue comiendo terreno al PSOE por el centro. Si solo de ella hubiera dependido la reforma laboral hubiera sido mucho más ambiciosa, porque es innegable su compromiso con los derechos de la clase trabajadora, pero el hecho es que es una reforma muy mermada frente a las expectativas que se habían creado. Un paso adelante, pero muy pequeño. No hay nada que celebrar y sí mucho que exigir y es tiempo para apretar para que sí cumplan con el contrato que firmaron con sus electores y la clase trabajadora.