El debate de estos días en la política nacional es la ejecución de una justicia neutral e independiente. El panorama público se divide entre quienes confían y creen en la justicia otorgando a los responsables de impartirla de un aura de soberbia imbatibilidad y de saber superior e inabarcable que no puede ser cuestionado y quienes se asoman a los hechos y ven que la falibilidad de la justicia está basada en la ideología e intereses del tribunal de turno.
Lo cierto es que hay que ser muy ingenuo para creer que los altos tribunales de este país tienen independencia y neutralidad ideológica. La ridícula idea de creer en la justicia española no puede deberse a un análisis empírico, sino a verse favorecido por sus decisiones y, por ende, defender el privilegio que es ser conservador en este país al compartir con la judicatura valores, ideas, marcos y planteamientos. La judicatura no es más que el brazo togado de la burguesía defendiendo los intereses de quienes le otorgan esa capacidad ejecutiva por encima de los designios democráticos marcados por las urnas. Cuando estas se excedan siendo demasiado benevolentes con la izquierda siempre aparecerá el juez que devuelva el Estado al orden natural de las cosas.
Los jueces de jurisdicciones locales que tienen que tratar con pequeños litigios, crímenes comunes y circunstancias mundanas son otra cosa. No hablamos de ellos aquí porque bastante tienen con lidiar con una justicia construida para disciplinar por cuestión de clase. Allí es fácil encontrarse gente que cree en la justicia como un derecho y no mira más que las pruebas y la ley para hacer su trabajo. Pero cuando la causa adquiere tintes políticos y alcanza a los puestos de mayor representatividad en la magistratura, la ley es solo un artificio que tiene como objetivo instruir a políticos de izquierdas en los valores nacionales y hacerles saber que el poder es algo solo al alcance de las grandes familias y las estirpes de rancio abolengo.
El juez Aguirre, el juez Peinado o García Castellón son ejemplos de un comportamiento general que solo se produce ante casos políticos asociados a la izquierda o en contra de los valores fundamentales de los conservadores. La nula neutralidad y máxima discrecionalidad de la justicia española se comprueba a la hora de tratar los temas que tienen relevancia política y comprobar cómo con la izquierda actúan con una ligereza que cuando toca a la derecha se basa en el más escrupuloso respeto procedimental para buscar exonerarlos. La última decisión de no perseguir penalmente a Carlos Mazón por su responsabilidad en la gestión de la Dana se une a los intentos infructuosos de los familiares de las víctimas en las residencias de ancianos de Ayuso por su protocolo de triaje político a los ancianos pobres. Al fin y al cabo son solo 220 muertos en Valencia y 7291 en Madrid.
Las trabas que se ponen por parte de la fiscal Almudena Lastra para investigar las muertes en las residencias de ancianos en Madrid siempre están justificadas por increíbles y retorcidos argumentos incomprensibles para quienes tienen escasa formación jurídica. Sin embargo, la justicia se vuelve increíblemente sencilla cuando se trata de buscar algún tipo de ilegalidad y darle cauce judicial a la familia de Pedro Sánchez, ya sea su mujer o su hermano. Es difícil de encontrar encaje racional al hecho de que sea tan sencillo mantener una instrucción laboriosa, dilatada en el tiempo y profundamente celosa cuando se trata de encontrar ilícito a haber registrado el dominio de un software gratuito que no ha supuesto ningún enriquecimiento ni ventaja profesional. Pero siempre hay una excusa, una traba o un impedimento de legulello para iniciar una investigación ante el hecho de que la administración de Isabel Díaz Ayuso diera la orden de que los ancianos que no tenían seguro privado tenían que morir sin posibilidad de asistencia hospitalaria ni tratamientos paliativos entre sufrimiento, dolor y la más absoluta soledad.
Las cartas con las que juega la derecha en el tablero político no es que estén marcadas, es que son de otro juego en el que siempre gana el que reparte y llevan repartiendo desde que la Transición se cerró en falso permitiendo a la izquierda ser un actor secundario del poder en el que la justicia ejerce de árbitro de parte porque forma parte del núcleo de poder. La judicatura es tremendamente conservadora y cuando considera que la despojan del poder que le ha sido otorgado de manera divina y como marca el orden social comienza a actuar como guardiana de las esencias reaccionarias para disciplinar a la opinión pública progresista y hacerle ver que las condiciones pactadas por el régimen del 78 tenían como límite el acceso verdadero y efectivo a las esferas de poder. Los grandes tribunales son los responsables de demostrar a la izquierda que en cuanto quiera desatar sus ideas haciéndolas pasar de la utopía a lo concreto habrá una toga dispuesta a hacer valer la cultura del consenso y la Transición para volver a atar lo que se ató.
