El Pleno del CGPJ ha aprobado hoy, por 15 votos a 6, el informe sobre el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, del que han sido ponentes los vocales conservadores José Antonio Ballestero (propuesto por el PNV) y Enrique Lucas (propuesto por el PP). Anteriormente se había rechazado el texto presentado por el exdiputado del PSOE Álvaro Cuesta.
Este segundo informe, que aunque es muy crítico no es vinculante, llega después de que el Gobierno expresara que seguirían adelante a pesar de lo que dijera el máximo organismo de los jueces en España.
En el informe, al que accedía laSexta hace unos días, y que hoy se ha aprobado en los mismos términos, el CGPJ da base a sus críticas en tres claves: la competencia de las comunidades autónomas, el derecho de propiedad y la intervención pública de los precios del alquiler en zonas tensionadas.
A lo largo de sus 60 páginas, el informe se refiere al anteproyecto con calificativos como "sobrecargado", "contradictorio", "farragoso", "incongruente", "nocivo", "innecesario" e "inoportuno" y señala que sus directrices generales están "imbuidas de un claro dirigismo de la actuación de las instituciones autonómicas y locales, de problemático encaje en el orden constitucional de competencias".
En esa línea, recalca que la vivienda es una competencia de titularidad autonómica y considera que el legislador estatal perpetra con esta ley una "expropiación" regulatoria.
Asegura también que el anteproyecto apunta a "una alteración del entendimiento de la propiedad privada de la vivienda", que interfiere en el libre mercado y que pretende "fosilizar" el concepto de función social de la propiedad.
Destaca asimismo sus "conceptos jurídicos vulgares" y rechaza casi todas las definiciones que introduce por "innecesarias", "redundantes" o porque chocan con las de otras leyes, como la Ley del Suelo.
Sobre las medidas de contención de precios en la regulación de los contratos de arrendamiento de vivienda, afirma que "siendo un tema constitucionalmente sensible, tiene un alcance limitado y un farragoso contenido", así como que "su complejidad reglamentista pudiera propiciar no pocos procedimientos judiciales".
Sostiene que la carga patrimonial de las políticas estatales de vivienda se afronta "a costa de los arrendadores privados no suficientemente compensados con los incentivos fiscales" previstos y avisa del "posible conflicto competencial desde el momento en que, por ejemplo, rige en Cataluña la Ley 11/2020 de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda, cuyas medidas no son coincidentes con las contenidas en el anteproyecto".
Aunque el informe del poder judicial supone un varapalo para una de las leyes estrella del ejecutivo de coalición, éste pretende seguir adelante con la tramitación e la norma, después de leerlo "con respeto y atención".
