Casi la mitad de los inmuebles de Peñarroya-Pueblonuevo, un municipio de Córdoba de 11.000 habitantes, está mal declarado.
Es obligatorio registrar en el catastro cualquier nueva construcción o ampliación de vivienda, o si se instala una piscina.
Pero, cuidado, porque Hacienda también se equivoca. En el caso de este pueblo de Córdoba, los inspectores registraron mal 2.000 inmuebles.
Una multa de 60 euros es la cantidad que impone el Hacienda para aquellas viviendas que o no estén inscritas o estén mal registradas. Pero, además, los ayuntamientos pueden cobrar los retrasos de los últimos cuatro años del IBI, por lo que puede salir muy caro.
"Es muy desagradable para los vecinos recibir estas notificaciones erróneas", afirma José Ignacio Expósito, alcalde de Peñarroya-Pueblonuevo.
Con esta regularización, las arcas municipales están ingresando, de media, un 4% más. Carlos Cruzado, presidente del Sindicato Técnicos de Hacienda (GESTHA) señala que "los ingresos han venido bien a los ayuntamientos en tiempos de crisis".
Es la llamada 'amnistía catastral' que comenzó el exministro Montoro en el año 2013 y que todavía hoy se mantiene.
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