En concreto, 83,55 euros es lo que ha pagado un usuario medio (366 kWh de consumo y 4,4 kW de potencia) con las tarifas semirreguladas PVPC de todo el mes de septiembre. El encarecimiento interanual alcanza ya el 15,9%, de modo que el recibo ha subido 11,47 euros con respecto a septiembre de 2017, cuando se situó en de 72,08 euros.
En cuanto al precio de la energía consumida, en los 30 días de septiembre el kWh se ha situado en una media de 17,58 céntimos (13,83 más impuestos), un 21,7% por encima de los 14,45 céntimos (11,36 más impuestos) de septiembre del año pasado.
La factura del usuario medio se situó el pasado agosto en 80,73 euros tras subir un 3,0%. En julio, el recibo fue de 78,39 euros (+2,2%), en junio se situó en 76,71 euros (+1,8%), en mayo en 75,34 euros (+7,7%), en abril en 69,94 euros (+0,7%), en marzo en 69,46 euros (-9,0%), en febrero en 76,32 euros (+2,0%) y en enero en 74,81 euros (-6,1%).
Los análisis de Facua ponen de manifiesto que la factura de la luz más cara a nivel histórico fue la del primer trimestre de 2012, cuando se situó en 88,66 euros para el usuario medio (tras la corrección de la tarifa fijada por el Gobierno por una sentencia del Tribunal Supremo).
Tras ella, los 87,81 euros de enero de 2017 y los 83,55 euros del pasado mes de septiembre. La cuarta factura más elevada fue de 81,18 euros, correspondiente a la tarifa de julio de 2015 y la quinta 80,73 euros, de agosto de este año.
Facua ha trasladado al Gobierno un documento con sus reivindicaciones para reducir la factura eléctrica de las familias españolas. El pasado 11 de septiembre, el vicepresidente y portavoz de la asociación, Rubén Sánchez, mantuvo una reunión con el secretario de Estado de Energía, José Domínguez, en la que le entregó un informe con las propuestas de la organización sobre el suministro eléctrico, garantía de acceso a los consumidores domésticos y lucha contra la pobreza energética.
La bajada del IVA de la electricidad es una de las medidas reclamadas. Bajarlo al al 4% ahorraría al usuario medio casi 130 euros anuales, aunque la principal medida propuesta por Facua es la creación de una tarifa regulada para todas las familias que no superen los 10 kW de potencia contratada y determinados límites de consumo.
La asociación advierte además de que el bono social del Gobierno de Rajoy ha sido un fracaso aún mayor que el que se aprobó durante la etapa socialista de Zapatero. Por un lado, porque supone descuentos poco significativos e impone niveles de renta excesivamente bajos para acceder a él -salvo a las familias numerosas, que pueden beneficiarse todas-.
Por otro, porque el desconocimiento de su existencia para muchas familias y el hecho de que deba ser solicitado expresamente a las eléctricas, con la aportación de documentación acreditativa de los niveles de renta y la situación familiar, han provocado que un ínfimo porcentaje de sus beneficiarios potenciales acceda a él.
