Miriam es una de las vecinas de un bloque de viviendas de protección oficial de Getafe que diez años después de su construcción pasa a ser propiedad de un fondo buitre. Pagaba 489 euros de alquiler, y ahora le piden un 70% más.
Ninguna de las personas que vive allí puede afrontar la subida del alquiler: "Sabían que éramos personas que no teníamos posibilidades. No pueden hacernos una subida que no podamos asumir". En su caso, cuenta, no llega a los 850 euros de sueldo.
La situación de Miriam se repite en cada uno de los vecinos de las 80 viviendas. Ramón Bultó paga por su vivienda 750 euros de alquiler y le piden ahora 1.041, unos 300 euros mensuales de sobrecoste a los que llegaría "muy justo".
Algunas de las familias afectadas han decidido quedarse. Son unas 30 las que no aceptan el nuevo precio y aseguran que seguirán pagando el precio anterior, porque en ningún momento van a ser okupas.
Otros, en cambio, han firmado las nuevas condiciones o directamente se han tenido que ir. Es lo que se conocen como los "desahucios invisibles", gente que ve que no puede asumir el precio y coge las maletas, deja su barrio y su vida.
La subida la propone ahora en un nuevo contrato el actual propietario: FIDERE, un fondo de inversión perteneciente a Blackston. Aunque los vecinos exigen que se siente a negociar, desde el fondo buitre responden con un comunicado que los vecinos "eran conocedores de que la protección terminaba". Además, admiten que son sensibles a cada situación y que harán la negociación caso por caso.
Lo cierto es que en la práctica el arrendatario tiene escaso margen de maniobra. El propietario es libre de alquilar a ese mismo arrendatario o a quien estime oportuno y con las condiciones que considere con nueva renta que puede ser muy superior. Por eso, los vecinos insisten en negociar de forma conjunta y una nueva ley de vivienda que evite que su situación de desprotección continúe.
