La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha avanzado que el Gobierno estudia una posible modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para regular los pisos turísticos como una actividad económica más y para "empoderar" a las comunidades de vecinos y que participen de estas decisiones.
La titular de Vivienda, que esta tarde se reúne con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha indicado que van a apurar todo su margen de competencia valorando esta posible modificación de la ley considerando estas actividades como económicas y que se rijan como el resto de ellas y cuando entren en conflicto estas actividades con el acceso a la vivienda el Gobierno, los ayuntamientos y las comunidades prioricen siempre el derecho de acceso.
En una entrevista en Telecinco, ha añadido que las comunidades de propietarios tienen mucho que decir y deben participar en estas decisiones. En este sentido, ha pedido la implicación de todas las administraciones públicas para garantizar el derecho de acceso a una vivienda y ha añadido que es evidente que el surgimiento de estos alojamientos turísticos está colisionando con el derecho a una vivienda digna, elevando el precio de los alquileres y limitando la oferta de alquiler residencial.
Rodríguez ha hecho un llamamiento para que cada uno cumpla con sus competencias y ha celebrado que haya ayuntamientos que hayan tomado cartas en el asunto, como el caso de Barcelona, que los va a prohibir para beneficiar a la ciudadanía priorizando el derecho a la vivienda frente a intereses económicos y frente a un sector fundamental como es el turismo y ha pedido a Madrid que intervenga.
Otro de los casos que lleva a que el Ministerio de Vivienda ponga de relieve esta "marea de iniciativas para controlar la masificación de los pisos turísticos", es el de la ciudad andaluza de Málaga. En la capital de provincia donde su alcalde, Francisco de la Torre, también trabaja en el coto de las licencias de pisos turísticos.
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Rodríguez ha explicado que desde el Ministerio han analizado la jurisprudencia y la normativa europea y que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea habló de la "imperiosa" necesidad de intervenir cuando colisiona con el derecho de acceso a una vivienda. En este ámbito, se puso en marcha un reglamento para regular y tener plataformas únicas de control en los estados miembros y España se va a adelantar a la puesta en marcha de esa plataforma para dar facilidades a los ayuntamientos y a las comunidades en la persecución de este fraude, que no es exclusivo de España.
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