Uno de los primeros actos de Ana Botella como concejala en 2003 fue hacer entrega de una vivienda social a familias como Montserrat Gil, que nos cuenta cómo fue el evento: "Nos hicieron un catering en el patio de la casa. La misma Botella nos dio las llaves, estaban muy contentos, nos decían que nos había tocado la lotería".
Junto a su marido y sus dos hijos se mudó a un piso. Todo iba bien hasta que, sin previo aviso, un fondo buitre compró su casa: "En un recibo vemos que ya no es del Ayuntamiento, que ahora es de Fidere y que nos han subido el alquiler y la comunidad".
Pasaron de pagar 340 a casi 700 euros, algo inasumible para la familia. Han intentado negociar, han logrado el amparo incluso de Naciones Unidas, pero como consecuencia de los impagos, Fidere pide que les echen de su casa.
Llevan dos intentos de desahucio y uno tercero sigue pesando sobre ellos. Por eso, la condena del Tribunal de Cuentas a Ana Botella y otros siete exaltos cargos a pagar más de 25 millones de euros, no les consuela.
"Estas viviendas están en suelo público, son viviendas públicas pagadas con dinero público y esta venta tiene que revertirse a las familias" explica Verónica Carro, portavoz de Apoyo Mutuo Carabanchel de la PAH. Su objetivo es seguir luchando para lograr toda venta de Viviendas de Protección Oficial a fondos buitre se declare ilegal.
