Un año de tope al alquiler: Cataluña logra reducir el precio mientras el PP rechaza limitarlo en sus comunidades

El precio del alquiler ha bajado un 6,4% en la ciudad de Barcelona y un 3,3% en toda Cataluña desde que entró en vigor la limitación en las zonas declaradas tensionadas. Los 140 municipios catalanes con esta consideración pagan de media un 3,7% menos que entonces. Es el balance del primer año de una medida que emana de la Ley de Vivienda y que ahora mismo solo aplica esta comunidad autónoma, mientras aquellas en las que gobierna el PP rechazan hacer lo mismo.

Son datos que este viernes han anunciado la responsable de Vivienda de la Generalitat, Sílvia Paneque, y la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, para dar cuenta de este primer año con limitación a los preciosdel alquiler en Cataluña.

Un primer año del que Paneque ha hecho una valoración positiva, detallando que, desde abril de 2024 se ha registrado un descenso del precio del 3,7% en zonas tensionadas en toda Cataluña y de un 6,4% en la Ciudad Condal en particular. La consellera, además, ha defendido que los contratos de alquiler siguen creciendo pese a la limitación de los precios: desde que se declararon las zonas tensionadas, ha dicho, cada mes se contabilizaron 1.000 nuevos contratos.

Según datos del Ministerio, 2024 dejó 17.000 nuevas viviendas de alquiler en el conjunto de Cataluña respecto a 2023, 3.000 de ellas en Barcelona. En total, se firmaron 9.000 nuevos contratos en los tres trimestres de aplicación del índice de limitación de precios.

También el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha incidido en que los precios han disminuido un 6,4% en la capital catalana en el último año, mientras que la ciudad ha sumado más de 700 contratos de alquiler. Esto, ha defendido, "quiere decir que la regulación de los precios de alquiler ha reducido el precio y no se ha reducido la oferta de pisos en alquiler".

Rodríguez insta al PP a aplicar la Ley de Vivienda

Por su parte, Rodríguez ha celebrado los datos como una buena noticia para los inquilinos catalanes, pero ha deseado también que sirvan de "inspiración para aquellos gobernantes" que "tienen a ciudadanos atrapados en un mercado de alquiler imposible". Para la ministra, los datos reflejan que "la Ley de Vivienda funciona": "Hemos conseguido bajar los precios en Cataluña y muy notablemente en la capital".

Así, la titular de Vivienda ha pedido directamente al Partido Popular que "mandate a todas aquellas instituciones en las que gobierna, Ayuntamientos y comunidades autónomas, a cumplir 'de pe a pa' la Ley de Vivienda" para que también allí bajen los precios.

En este sentido, Rodríguez ha señalado que Euskadi ya está implementando zonas tensionadas, algo en lo que también está trabajando Navarra y está proponiendo también Asturias y "lo están reclamando alcaldes" en la Comunidad de Madrid y en Galicia, donde, ha dicho, tiene "el compromiso de la Administración autonómica de aplicar si así lo reclaman los Ayuntamientos", mientras que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria trabaja también en su plan para aplicar zonas tensionadas.

Peros desde el sector

Sin embargo, desde el sector inmobiliario matizan que "los precios de nuevos contratos de alquiler que salen al mercado en Barcelona son un 8,5% más caros que el año anterior", según María Matos, directora de Estudios de Fotocasa.

Asimismo, y aunque el Gobierno mantiene que no ha afectado a la oferta, algunos informes discrepan: según Sergio Cardona, analista del Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro, "en Barcelona se han perdido 37.000 viviendas en oferta" y "en Cataluña se han perdido un total de 40.000".

Aseguran que se han convertido en alquiler de temporada para no cumplir los limites de precio. Un tipo de vivienda que representa ya el 14% del total. Según la ministra Rodríguez, "el problema que se está produciendo es de fraude de ley". Se refiere a pisos que se alquilan como temporales, pero en realidad son residenciales, en los que "incluso sabiendo que el inquilino no lo quiere para una temporada, le fuerzan a firmar un contrato de temporada", al punto de encadenar varios, según denuncian desde el Sindicat de Llogateres. Una lacra que reconoce la ministra y que asegura que ya están persiguiendo gracias a los registros.