El Ministerio Fiscal ha solicitado, al igual que el resto de acusaciones con excepción de Adicae, que se aplique la denominada 'doctrina Botín' y se sobresea la causa, que estaba previsto que se desarrollara durante todo el mes de julio y en la que los ex directores generales de la CAM Roberto López Abad y María Dolores Amorós estaban acusados de presunta estafa en la venta de preferentes.
La llamada 'doctrina Botín' fue adoptada por el Tribunal Supremo en 2007 para cerrar el caso de las cesiones de crédito en el que estaba implicado el presidente del Banco Santander, Emilio Botín; posteriormente fue corregida por el propio Supremo con la denominada 'doctrina Atutxa', que establecía que las acusaciones populares no podían pedir la apertura de juicio oral cuando la Fiscalía y los perjudicados hubieran solicitado el sobreseimiento de la causa, con el objetivo de salvaguardar los derechos del acusado.
Además de las acusaciones particulares y la Fiscalía, también los abogados defensores de López Abad, Amorós, Banco Sabadell -que figuraba como responsable civil subsidiario- y la aseguradora Caser se han pronunciado a favor del sobreseimiento.
La fiscal Ana Cuenca ha argumentado que al quedar únicamente una acusación popular -Adicae-, y puesto que los afectados por la venta de preferentes han recuperado su inversión, "no hay perjudicados", por lo que dicha acusación popular "no está legitimada", y debe aplicarse la "doctrina Botín" y sobreseer.
Tras la suspensión de la vista, el presidente de Adicae, Manuel Pardos, ha mostrado su decepción y ha asegurado que "hubiera debido ser el tribunal el que, de oficio, comprobara que los 75.000 afectados han recuperado efectivamente su inversión".
Incluso en ese caso, ha explicado Pardos, no se ha condenado el "fraude inmenso y nunca visto en España ni en Europa" ocasionado a las cajas de ahorros, ni el daño provocado "a la sociedad y a la economía españolas".
La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal es la que debe ahora emitir un auto en el que archive la causa o prosiga con el juicio, únicamente con Adicae como acusación popular. En octubre, la Audiencia Nacional condenó a López Abad y Amorós, junto a otros dos antiguos miembros de la cúpula de la entidad, a tres años de cárcel por "distorsionar" los estados contables entre 2010 y su intervención en 2011, "vulnerando" la imagen de la CAM en momentos de grave crisis.
Además, la Sección Décima de la Audiencia de Alicante declaró ayer visto para sentencia el juicio contra 21 antiguos responsables de la CAM -entre ellos López Abad- por el cobro de 600.000 euros en dietas del expresidente de la entidad Modesto Crespo.
