Uber, Cabify y el resto de intermediarias de servicios de alquiler con conductor (VTC) tendrán que notificar todos los viajes que realicen al Ministerio de Fomento a partir de este lunes.

El Gobierno, con este registro, pretende garantizar que cumplan lo establecido en la ley, es decir, que sus coches se contraten previamente, que no recojan pasajeros en la vía pública y que no realicen más del 20% de sus viajes fuera de la comunidad en la que pueden operar según su licencia.

Este instrumento de control 'online' se pone finalmente en marcha algo más de un año después de que en diciembre de 2017 el anterior Gobierno aprobara su constitución mediante un Decreto Ley promovido por el entonces ministro de Fomento Íñigo de la Serna.

Con esta iniciativa se buscó habilitar un instrumento de control de la actividad de los VTC para contribuir a atajar el conflicto abierto desde hace unos años con el sector taxi, que le acusa de intrusismo y competencia desleal.

Para ello, en virtud del nuevo registro, los titulares de licencias de VTC deben informar de cada viaje que realicen detallando el lugar y la fecha en que se contrata, y también del lugar, la fecha y la hora en que comienza y termina el servicio, además de la matrícula del vehículo que lo realiza. También deberá especificarse el arrendatario del servicio, esto es, si se contrata mediante una empresa intermediaria como son las plataformas Uber y Cabify.

Fomento impondrá la correspondiente multa en el caso de que atisbe alguna irregularidad en esta información. No obstante, esta potestad sancionadora no comenzará hasta el 1 de junio, dado que se da un periodo transitorio de dos meses para garantizar que el registro funciona correctamente, según han informado fuentes del Ministerio.

Este registro constituye una de las vías que el Gobierno central tiene para actuar en el ámbito de los VTC, según aseguró el actual ministro de Fomento, José Luis Abalos, toda vez que el pasado año, y también por Decreto Ley, se habilitó a los gobiernos regionales a regular el sector en sus territorios. Así, el registro se pone en marcha mientras que cinco comunidades (Cataluña, Aragón, Baleares, Valencia y País Vasco) han hecho ya uso de estas competencias y han aprobando normas para los VTC.

Todas ellas han optado por obligar a contratar uno de estos coches con una antelación mínima, para diferenciarlos así de los taxis. En el caso de Cataluña, esta medida llevó a Uber y Cabify a dejar de dar servicio en Barcelona, si bien esta última empresa ha vuelto a operar en la ciudad.

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