El Salvador trasladó este martes a 2.000 pandilleros al conocido como Centro de Confinamiento del Terrorismo, una macrocárcel inaugurada a finales del pasado mes de enero. Es el segundo envío de mareros a esta prisión de máxima seguridad en tan solo tres semanas. Ya entonces, las imágenes difundidas por el propio Gobierno de Nayib Bukele causaron gran polémica: los policías hacían desfilar a los presos descalzos, semidesnudos y esposados de pies y manos.
Ahora, pese a la controversia generada en aquel momento, han vuelto a publicar un vídeo muy similar del traslado. Como se puede ver en las imágenes que acompañan estas líneas, los presos caminan por un pasillo flanqueado por agentes completamente armados, vistiendo únicamente un calzón blanco. El Salvador no ha escatimado gastos en la propaganda de su particular lucha contra las maras. En esta ocasión, sin motivo aparente, han llegado a emplear tomas aéreas de dron e, incluso, cámaras térmicas en la producción del vídeo.
El presidente, Nayib Bukele, ha presumido en sus redes sociales de este nuevo envío de presos a la cárcel más grande de América: "Con esto, ya son 4.000 pandilleros los que habitan la cárcel más criticada del mundo", ha indicado. Además, el ministro de Justicia y Paz de El Salvador, Gustavo Villatoro, ha advertido de que los presos "no van a regresar nunca a las comunidades, a las colonias, a los barrios y a nuestras ciudades".
Todo esto ha coincidido con una nueva prórroga del estado de excepción en el país. El Salvador instauró este régimen el 27 de marzo de 2022 como medida para detener la alta tasa de homicidios: solo el día previo se registraron 62 asesinatos. En este último año, la policía salvadoreña ha detenido a más del 1% de la población, alrededor de 65.000 personas.
Diversas organizaciones internacionales han denunciado constantes violaciones de derechos humanos, mientras que Estados Unidos ha acusado al Gobierno de Bukele de haber pactado con las maras. El supuesto éxito de su campaña estaría siendo resultado, según esta acusación, de un acuerdo a través del cual el Ejecutivo garantizaría mejores condiciones para los pandilleros, a cambio de que estos disminuyan los homicidios.