Un tribunal de Ecuador ha condenado a 34 años y ocho meses de prisión a dos de los cinco acusados del asesinato material del candidato presidencial Fernando Villavicencio, acribillado a tiros por sicarios colombianos el 9 de agosto del año pasado al salir de un mitin electoral en un concurrido sector de Quito.

Tras ocho días de audiencias, Carlos Edwin A. L., 'El Invisible', líder de una facción de la banda criminal Los Lobos, y Laura Dayanara C. V., alias 'La Flaca', han recibido una sentencia condenatoria agravada al ser considerados autor mediato (con dominio del hecho) y coautora, respectivamente, del asesinato de Villavicencio. Los jueces les han impuesto también una multa de "1.000 salarios básicos unificados", unos 460.000 dólares, más un pago por "reparación integral" de 100.000 dólares.

El tribunal, además, ha sentenciado a 12 años de prisión a Erik Marcelo R. P., Víctor Alfonso F. y Alexandra Elizabeth C. F., al ser considerados cómplices del asesinato, además de una multa de 156.400 dólares (340 salarios básicos) y 33.000 dólares cada uno como indemnización.

El papel de los condenados y los sicarios muertos

De acuerdo con la Fiscalía, 'El Invisible' estaba recluido el día del crimen en la cárcel de Latacunga, a unos 90 kilómetros al sur de Quito, pero las investigaciones apuntan a que dio la orden de disparar a Johan Castillo, abatido por policías tras realizar los disparos contra Villavicencio.

Según el Ministerio Público, 'La Flaca' se encargó de suministrar dinero, armas, motocicletas, vehículos, camisetas y otras vituallas a quienes participaron en el ataque, con la ayuda de Erick Marcelo R. P. y Víctor Alfonso F. Por su parte, Alexandra Elizabeth C. F. ha sido acusada de estar en el mitin político en Quito y dar aviso a los sicarios para ejecutar el crimen.

Villavicencio fue asesinado por un grupo de siete sicarios colombianos 11 días antes la primera vuelta de las elecciones generales extraordinarias convocadas para completar el periodo del exmandatario Guillermo Lasso, que había recortado su periodo. Los siete hombres que fueron acusados de participar en la ejecución del asesinato están muertos: el tirador, abatido tras realizar los disparos, y los otros seis, ahorcados en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, donde habían sido recluidos.

También otro involucrado murió en circunstancias similares en una cárcel de Quito, por lo que solo quedaron cinco acusados para ser juzgados como autores materiales del mortal atentado contra el candidato.

La incógnita de los autores intelectuales

El abogado de la familia de Villavicencio, Hugo Espín, ha explicado que la sentencia condenatoria a más de 34 años de prisión contra los dos acusados principales es solo "un primer paso" en la investigación global del crimen. "Arrancarán otros juicios" para esclarecer la verdad, ha añadido el letrado, que ha sostenido que Ecuador "necesita que se llegue hasta la autoría intelectual" del crimen.

En este sentido, ha apuntado que en las audiencias se llegó a vislumbrar la existencia de una supuesta "megaestructura criminal", así como omisiones importantes de autoridades. Espín se ha preguntado sobre el hecho de que la orden de disparar haya salido desde una cárcel de máxima seguridad mediante un teléfono móvil que usaba internet de banda ancha, algo que prohibido en ese tipo de centros.

Por su parte, Alexandra Villavicencio, hermana del líder político asesinado, ha asegurado que se ha hecho justicia, pero ha reclamado que, "así como son juzgados los asesinos materiales, también sean juzgados los autores intelectuales y todos los ocultos". "Nadie es invisible" y deben ser juzgados todos los responsables, porque "este país necesita inaugurar la justicia", ha añadido.

A su vez, Tamia y Amanda Villavicencio, hijas del periodista y político, han señalado en un comunicado que la condena "es lo mínimo que puede hacer la Justicia de Ecuador por un hombre como Fernando, que ofrendó su vida por la patria".

"No nos olvidamos de las omisiones de la Policía, que ignoró la petición de refuerzos, ni de los siete sicarios asesinados bajo custodia del SNAI [la agencia penitenciaria del Estado], tampoco de los funcionarios del ECU-911 [servicio de emergencias] que entregaron la localización de nuestro padre a sus asesinos", han denunciado.

"La lista es larga, pero sobre todo no nos olvidaremos nunca de quienes lo persiguieron durante más de 15 años y que formaron ese oscuro matrimonio narcopolítico para acabar con su vida", concluyen en la nota.