Niños de tan solo 11 años de edad están siendo decapitados en el norte de Mozambique, según denuncia la ONG Save The Children, en un conflicto yihadista en el que en poco más de tres años alrededor de 1.300 civiles han sido asesinados.

"Intentamos escapar al bosque, pero se llevaron a mi hijo mayor y lo decapitaron. No pudimos hacer nada porque también nos matarían a nosotros", relata a Save The Children una madre de cuatro niños sobre el día en que insurgentes atacaron su pueblo en la provincia de Cabo Delgado, quemaron casas de vecinos y mataron a su hijo de 12 años.

"Esta violencia debe detenerse y las familias desplazadas deben recibir apoyo para recuperarse del trauma", aseguró en un comunicado Chance Briggs, director de esta organización en Mozambique.

Según datos de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), cerca de 670.000 personas han sido desplazadas y la mayoría ha llegado hasta Pemba, capital de la provincia de Cabo Delgado, en busca de refugio en casas de familiares o de otros miembros de la comunidad.

"Mi padre, los (tres) niños y yo estuvimos cinco días comiendo bananas verdes y bebiendo agua de banano hasta que conseguimos un medio de transporte que nos trajo aquí", cuenta otra superviviente, que ahora reside en la casa de su hermano después de que hombres armados mataran a uno de sus hijos de 11 años.

El conflicto yihadista que afecta al norte de Mozambique comenzó en octubre de 2017 con el primer ataque a dos comisarias en Mocimboa da Praia de un grupo apodado por la población local como Al Shabab, el cual no guarda relación con la organización terrorista homónima somalí sino que tiene lazos con el Estado Islámico (EI).

Desde entonces, los ataques violentos no han parado de crecer en esta región estratégica rica en piedras preciosas (rubíes) y gas natural, de cuya extracción participan grandes multinacionales como la italiana ENI o la estadounidense Anadarko.

La creciente inseguridad está también asociada a ataques indiscriminados contra civiles perpetrados por mercenarias sudafricanos -según denunció el pasado 2 de marzo Amnistía Internacional- y militares mozambiqueños acusados de ejecuciones extrajudiciales, tortura y detenciones arbitrarias de sospechosos yihadistas.

De acuerdo con el Proyecto de Datos sobre Localización y Sucesos de Conflictos Armados (ACLED), al menos 2.614 personas han perdido la vida en este conflicto, entre ellas 1.312 civiles.