El estado de Texas (EEUU) ejecutó a John Battaglia por los asesinatos en 2001 de sus dos hijas de seis y nueve años, crímenes que cometió para vengarse de su exmujer. A Battaglia, un hombre blanco de 62 años, lo declararon muerto tras recibir una inyección letal en la prisión de Huntsville, cercana a Houston, según notificó el Departamento de Justicia Criminal de Texas.

El 2 de mayo de 2001 Battaglia asesinó a sus hijas Mary Faith y Liberty, de nueve y seis años respectivamente, durante una visita concertada para que las niñas cenaran en su casa de Dallas (Texas).

Hacía poco que Battaglia se había enterado de que su exmujer, Mary Jean Pearle, lo había denunciado por amenazas, lo que equivalía a una violación de su libertad condicional que podía llevarlo de vuelta a la cárcel.

Al ejecutado lo habían condenado por agredir a Pearle en las Navidades de 1999, pero salió en libertad condicional bajo el compromiso de no hablar, ni amenazar, ni acosar a la mujer ni a las niñas. Battaglia, sin embargo, violó supuestamente esas condiciones e hizo una llamada a Pearle días antes de los asesinatos que le costó la denuncia por amenazas.

Ese 2 de mayo de 2001, Battaglia recogió a las niñas en un parque de Dallas en el que Pearle las había dejado para la visita concertada y se las llevó a su casa. Al rato, se puso en contacto por teléfono con la madre de las niñas e hizo que Mary Faith, la mayor, le preguntara: "Mami, ¿por qué quieres que papi vaya a la cárcel?".

Fue entonces cuando Battaglia las mató, con Pearle al otro lado del teléfono escuchando los disparos que acabaron con la vida de las pequeñas Mary Faith y Liberty. Battaglia ya había huido cuando la Policía llegó al apartamento y encontró los cadáveres, pero lo detuvieron horas más tarde en un salón de tatuajes, después de que se grabara dos rosas en el brazo simbolizando a las niñas que acababa de asesinar.

El jurado que condenó a muerte a Battaglia en abril de 2002 tardó menos de 20 minutos en deliberar y alcanzar el veredicto. El estado de Texas quiso ejecutar a Battaglia por primera vez en 2016, pero sus abogados lograron retrasar durante dos años el desenlace con una estratagema legal en la que alegaron que su cliente no era mentalmente apto para recibir una inyección letal.