El juez Ismael Moreno, que instruye la causa que investiga el 'caso Koldo', ha elevado este miércoles una exposición razonada al Tribunal Supremo para investigar al exminsitro de Transportes, José Luis Ábalos. Una decisión que toma al considerar que el que también fuera secretario general del PSOE ejerció un "papel principal" en la organización criminal que cobró comisiones millonarias por la compra de mascarillas durante la pandemia.

En su exposición razonada, el titular del Juzgado Central de Instrucción Dos atribuye al ahora diputado en el Grupo Mixto una "imputación clara y concreta". Una conclusión a la que llega tras una serie de indicios que evidencian su presunta participación en delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.

Es por su condición de aforado que el magistrado Ismael Moreno subraya la imposibilidad de continuar la instrucción sin realizar diligencias de investigación que afecten de manera directa al diputado. Es por eso que entiende que ahora la instrucción debería continuar en la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

De este modo, el juez de la Audiencia Nacional acuerda enviar el testimonio íntegro de las actuaciones para que sea el Alto Tribunal el que se pronuncie si debe asumir toda la investigación o únicamente lo referido al exministro. En su exposición, Moreno subraya los "indicios fundados y serios" de su "papel principal" en una organización criminal que supuestamente se lucró con la venta de mascarillas durante la pandemia.

Las reacciones a la noticia no han tardado en llegar, y mucho menos desde la oposición al Ejecutivo central que lidera el Partido Popular (PP). Minutos después de conocerse la noticia, la cuenta oficial de la formación en X ha compartido la noticia acompañándola con un "no podemos olvidar que Ábalos, 'El Jefe' va a ser imputado por lo que hizo como ministro del Gobierno de Pedro Sánchez, 'El número 1'".

Cuando la imputación empezaba a acechar a Ábalos

La imputación empezaba a acorralar a Ábalos desde que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil facilitase un nuevo informe al juez instructor de la 'trama Koldo' en el que se demostraba que el exministro "un papel relevante y de responsabilidad en su relación directa con Koldo, Aldama y la organización criminal dinamizada por este último".

En este informe los investigadores apuntaban a que el exministro lideraba las operaciones, puesto que en las conversaciones que mantenían el empresario Víctor de Aldama y el exasesor del socialista, Koldo García, se referían a él como "el jefe". De hecho, lo hacían de forma habitual.

Otra de las cuestiones que llevo a los agentes a señalar a Ábalos fueron las contraprestaciones que habría recibido por facilitar ese contrato de venta de mascarillas a Aldama. Por un lado, se encontraría el disfrute de un chalet en el municipio gaditano de la La Línea de la Concepción. Cuyo desalojo, dice el juez, "se produce porque la empresa de Claudio Rivas no consigue el título de operador de hidrocarburos". Así se demostraría "una relación causa-efecto entre la negativa (...), y el desalojo".

Por otro lado, se encontraría el pago del alquiler que realizó Aldama entre 2019 y 2021 a través de varios testaferros del apartamento en el que vivía la entonces pareja del exministro, Jéssica. Sobre esta figura el juez Moreno también habla en su exposición razonada.

En concreto, sobre su presencia en vuelos internacionales junto a Ábalos, así como los enchufes en "empresas públicas que formarían parte de la esfera de control del entonces ministro". Es esta parte, la que ofrece más novedades respecto a lo expuesto en el informe previo de la UCO.

Todas estas cuestiones son las que Moreno recoge en esta exposición razonada, como también lo es "la influencia que la trama habría tenido en el rescate de Air Europa". En esa línea, el juez asegura que "todo parece indicar que tras los encuentros Ábalos-Calviño y Ábalos-Aldama-Hidalgo (...) la situación habría fructificado en favor de la citada aerolínea".

Fue, precisamente, este informe el que provocó que Moreno pidiese a la Presidencia del Congreso de los Diputados que certificara si realmente Ábalos mantenía su condición de diputado, y por tanto, también de aforado. Días después el certificado de la Cámara Baja llegaba al juzgado que dirige. Ahora, falta esperar a que se pronuncie el Alto Tribunal sobre el papel que toma en este asunto.