La Dirección General de Fondos Europeos del actual Gobierno balear del PP ha ordenado anular la certificación del gasto de las mascarillas fraudulentas compradas a la empresa vinculada al 'caso Koldo' y que se pagaron con fondos europeos Feder, lo que supondrá no devolver el importe ya cobrado a la Unión Europea, pero sí que se descuenten de futuros pagos.

Así lo ha adelantado el portavoz del Ejecutivo y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, que ha explicado que el Ejecutivo balear sigue así el protocolo de lucha contra el fraude y de acuerdo con la normativa Feder. El expediente iniciado, ha señalado, se refiere, además de a los 3,7 millones que costaron las mascarillas, a 57.000 euros de transporte y a 150.000 euros de asistencia técnica.

"Hay riesgo de parálisis de futura financiación con fondos Feder", ha advertido Antoni Costa, que ha criticado los "cambios de versiones" del portavoz del PSIB, Iago Negueruela, que primero decía que las mascarillas eran defectuosas y ahora sostiene que se podían utilizar.

Además, Antoni Costa ha adelantado que la directora general del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio, Susana Pérez, demandará a título individual a Negueruela por "involucrarla con falsedades" en la trama, en referencia a unas declaraciones en el pleno del Parlament, donde afirmó que estaba al corriente del procedimiento por sus cargos.

Según el relato del conseller, el 24 de abril de 2020 se hizo el pedido de mascarillas, que se abonaron rápidamente a su recepción. Tras pedir el análisis de la partida a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Ib-Salud recibió los resultados que constataban que las mascarillas eran defectuosas, por lo que se ordenó su retirada y almacenaje.

El 20 de noviembre de ese mismo año la Dirección General de Fondos Europeos verificó el pago y determinó que el gasto de 3,7 millones era elegible en su totalidad en el contexto de los Fondos Europeos. En el expediente estaba el albarán de recepción y la factura, pero no los resultados de los análisis, dice Costa, extremo que habría imposibilitado contemplar el gasto como elegible.

Más tarde, el 11 de diciembre, el Ib-Salud reclamó la financiación con Fondos Feder y la Dirección General seleccionó el pago y lo certificó el 20 de diciembre. Sin embargo, entre abril y junio de 2021, siguiendo el relato del conseller, técnicos de Fondos Europeos visitaron el almacén y constataron que las mascarillas existían, pero desconocían que eran defectuosas porque no contaban con los análisis de Trabajo.

La versión de Armengol: las mascarillas "no eran falsas"

Fuentes de la presidencia del Congreso consultadas por laSexta trasladan que pidieron un informe al Instituto de Higiene para saber si las mascarillas contratadas eran buenas o no a los 10 días de recibirlas, dejando claro que dichas mascarillas "no eran falsas".

Aseguran que la mayoría, del modelo KN95, estaban bien, aunque en esos momentos se requirió a los trabajadores sanitarios utilizasen el modelo FFP2. En ese momento, el Govern de Armengol sabía que podían pedir a Europa la factura de la compra, pidiendo la devolución de aquellas que sí que detectaron que eran defectuosas.

Por eso, alegan, han mantenido las mascarillas durante tres años hasta que tuviesen claro que no habría que hacer frente a más litigios por esta cuestión. Las únicas mascarillas almacenadas son aquellas que no eran de buena calidad precisamente por esta cuestión, según confirman estas fuentes a laSexta.