El ministro de Justicia ha empezado defendiendo la independencia judicial. "Ni el Gobierno le dice al Tribunal Supremo lo que tiene que hacer. Cada uno tiene su papel", ha asegurado Rafael Catalá en una entrevista ofrecida a Espejo Público. Sin embargo, poco después se ha puesto en el papel de vaticinador. "Puede haber una inhabilitación muy pronto. Por lo tanto, a todas estas personas las saca de la representación pública", ha insistido el titular de Defensa a la periodista Susana Griso.
Se refiere a Puigdemont, Junqueras y el resto de diputados electos investigados en el Tribunal Supremo. Sin embargo, Catalá parece olvidar que el que lleva la toga tiene todavía mucho que decidir, y encima atendiendo a múltiples variables. Según la LECRIM, es necesario un auto de procesamiento firme y prisión provisional para inhabilitar a un rebelde al que se suspendería en su cargo mientras siga entre rejas.
Es decir: tendrían que estar procesados por rebelión y en la cárcel, algo que no puede anticipar el Gobierno. "Parece que sabe qué va a pasar con el tema de las sentencias de los tribunales. Una muestra más de la 'independencia' judicial del Estado español", ha criticado la diputada del PDeCAT en el Congreso Lourdes Ciuró. De los 13 diputados imputados por rebelión, la inhabilitación sólo planea sobre Junqueras y Sánchez, los únicos en prisión provisional.
También podría aplicarse a Puigdemont y Comín siempre que vuelvan a España y sean encarcelados. "Cuando se confirme el auto de procesamiento, si hay imputación por delito de rebelión, inmediatamente los jueces van a dictar la suspensión", ha explicado en ARV Fernando Álvarez Osorio, profesor de Derecho Constitucional. Fuentes del Supremo y Justicia hablan de que en primavera llegará el auto de procesamiento y en otoño la sentencia.