En el recurso de apelación ante la Audiencia de Madrid contra el procesamiento que dictó contra ella el juzgado de instrucción 51 de la capital, la defensa de Cifuentes asegura que "no existe indicio objetivo alguno racional de criminalidad" de este delito de falsedad en documento público.
"De las diligencias de investigación efectuadas, y habiéndose agotado ya la instrucción, no se desprende indicio alguno relativo a la participación de mi defendida en la elaboración del documento cuestionado, ni del uso ni del aprovechamiento del mismo", afirma el recurso.
La jueza madrileña Carmen Rodríguez-Medel la procesó a ella y a otras tres personas, entre ellas la exasesora de la expresidenta regional María Teresa Feito, a quien supuestamente Cifuentes dio instrucciones para ocultar que no había superado las asignaturas del máster -que cursó en 2011-2012- cuando 'eldiario.es' publicó esa noticia el 21 de marzo de 2018.
Ante la alegada falta de pruebas, su defensa pide "el inmediato cese de la investigación sobre ella", un procedimiento que, añade, "ha tenido como único resultado el deterioro personal, reputacional y profesional" de Cifuentes "sin más argumento justificatorio que la falaz participación en una falsedad documental de la que se habría beneficiado".
Para el abogado de Cifuentes, este procesamiento de la jueza "no hace sino asumir una 'investigación' practicada por particulares" y "sin autorización judicial, sin garantías procesales, pero que así, por las buenas, da por válida la instructora".
"No queda ahí", agrega, "el dudoso proceder" de la jueza madrileña, sino que la magistrada atribuye a Cifuentes unas instrucciones a Feito "que jamás se produjeron y que no quedan acreditadas ni documental ni testificalmente a lo largo de la instrucción".
"Sencillamente, se trata de una invención no sustentada en el menor indicio objetivo de racionalidad en materia criminal", dice el recurso, que incide en que Feito negó esas instrucciones y otro de los procesados, el exdirector del Instituto de Derecho Público Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Enrique Álvarez Conde, no se pronunció sobre ello porque se negó a declarar.
De hecho, menciona unas declaraciones de Álvarez Conde ante los medios de comunicación en las que reconoció que se reconstruyó un acta que no se encontraba pero afirmó que no recibió ninguna instrucción de Cifuentes ni de su entorno. "Mi representada es ajena a las instrucciones que pudiera dar D. Enrique Álvarez Conde a sus discípulas.
También es ajena a la pretendida insistencia de las llamadas de doña Teresa Feito a cualquier profesora o profesor", dice el recurso de apelación.
También rechaza la afirmación de la jueza de que Cifuentes pudo no haber defendido el trabajo de fin de máster (TFM) en julio de 2012, ya que constaba que no había superado una de las asignaturas, lo que la defensa atribuye a que se produjeron errores en las actas, que no son infrecuentes, sino "más bien suele ser lo habitual".
"En definitiva, no se puede relacionar ni moral, ni materialmente a mi representada con la falsificación del acta de evaluación del TFM, pues se trataría de un salto en el vacío sin soporte lógico llevado a cabo por los derroteros de la sospecha", dice al respecto.
En cuanto al acta falsificada que mostró Cifuentes cuando se hizo pública la noticia de las posibles irregularidades en su titulación, argumenta que se la facilitó el gabinete del rector de la URJC, por lo que tenía una "presunción, al menos desde un plano académico, de veracidad y autenticidad".
