Cifuentes recuerda que se acogió a unas "condiciones flexibles" que la permitieron cursar la titulación a pesar de sus obligaciones profesionales (fue nombrada delegada del Gobierno). "Entiendo que haya personas que consideren que los requisitos establecidos no fueron suficientes, según sus propios criterios, y entiendo también que haya quien piense que mi esfuerzo no fue equiparable al suyo", admite.
Al mismo tiempo, reconoce que no consideró entonces que los requisitos flexibles "pudieran ser consideradas por alguien como un agravio", "ni que se pudieran sentir perjudicados aquellos alumnos cuyas condiciones personales les permitían seguir estrictamente el régimen académico ordinario".
En este sentido, añade: "... si me equivoqué, y en aquel momento debí rechazar las facilidades que me ofreció la universidad, pido disculpas a cualquiera que haya podido sentirse agraviado". Cifuentes subraya que "en ningún momento" pretendió sacar ventaja del máster, por lo que comunica formalmente al rector su decisión de "RENUNCIAR a la utilización del título expedido por la Universidad Rey Juan Carlos, solicitando que dicha renuncia sea considerada con carácter inmediato, a los efectos oportunos".
En cualquier caso, muestra su sorpresa por haber recibido de la universidad, y sin haberlo solicitado, el acta del Trabajo de Fin de Máster (que se distribuyó a la prensa y ella misma mostró en redes sociales tras publicarse el día 21 de marzo en eldiario.es las primeras informaciones sobre supuestas irregularidades).
Dice que recibió dicho documento "el 21 de marzo a las 17.36 minutos, procediéndose por tu parte (refieriéndose al rector) un cuarto de hora después" a dar instrucciones para abrir una información reservada, "al existir dudas sobre su contenido".
Asegura desconocer el origen de dicho documento -que, según reconoció el director del máster, Enrique Álvarez Conde, era una "reconstrucción"-.
Por su parte, el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, asegura en una tribuna de opinión que publica El País que si se confirma en los tribunales el delito de falsedad documental se solicitará al Ministerio de Educación su retirada, un proceso que "no puede iniciarse hasta que se pronuncien los órganos judiciales".
"Se han cometido errores en estos días, no somos infalibles, pero se han tomado todas las decisiones posibles que estaban en la mano del equipo de Gobierno de la Universidad para poner punto y final a la peor situación vivida en nuestra historia reciente", indica el rector.
