Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha destapado importantes detalles sobre las operaciones financieras entre la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el empresario español Víctor de Aldama, en el marco del llamado caso Koldo. La investigación, que ha seguido la pista de una presunta operación de venta ilegal de oro venezolano, confirma la existencia de negociaciones entre Rodríguez y Aldama para la venta de 104 barras de oro valoradas en 68,5 millones de dólares a la empresa BANCASA SA, mediante un contrato facilitado por el Fondo de Desarrollo Nacional de Venezuela (FONDEN).

La trama, que se remonta a finales de 2019, revela una sofisticada operación con ramificaciones internacionales. Según la documentación incautada en los dispositivos electrónicos de Aldama, el 27 de diciembre de ese año se firmó el contrato para la venta del oro, que debía ser entregado entre el 27 de diciembre de 2019 y el 6 de enero de 2020. Los mensajes intercambiados entre Rodríguez y Aldama, además de un plan de vuelo detallado, evidencian el papel clave del empresario en la transacción. El oro debía viajar desde Moscú hasta Caracas, con una parada en Zambia, en un vuelo programado para el 1 de enero de 2020, que finalmente aterrizó en Venezuela el 3 de enero.

Uno de los mensajes de Aldama a Rodríguez, revelado en el informe de la UCO, señala la preocupación por los plazos de la operación: "No te dije, es lo amarillo, ya está todo listo y el jueves salen para allá los 350". Según los investigadores, "lo amarillo" hacía referencia al oro que debía ser entregado antes del 6 de enero, en una operación que parecía estar en marcha mientras Rodríguez ultimaba los detalles de su polémica visita a España, ocurrida apenas dos semanas después.

Sin embargo, el informe revela que Aldama no solo actuaba como intermediario en la venta de oro, sino que también tenía un interés personal en ganarse el favor de Rodríguez. El empresario había sido contratado por Globalia, una de las mayores empresas turísticas de España, para recuperar una deuda de 200 millones de euros que el Gobierno venezolano mantenía con la empresa. Para asegurar el éxito de ambas operaciones, Aldama desplegó toda su influencia, llegando a prometerle a Rodríguez una serie de reuniones clave con empresarios y políticos en España, e incluso falsificando firmas en su nombre para facilitar trámites.

Las conversaciones entre ambos, recuperadas del móvil de Aldama, muestran la complicidad entre el comisionista y la vicepresidenta venezolana. Dos días después de la fecha límite para la entrega del oro, Aldama bromeaba con Rodríguez: "Ya me voy a tener que poner el apellido Rodríguez también, ja, ja, ja", a lo que la funcionaria venezolana respondió con igual cercanía: "Siiii, ya estás en la familia, un abrazo a Paty y tengan buen viaje".

El plan de vuelo, que contemplaba el envío del oro bajo la apariencia de un cargamento de suministros sanitarios, es solo una de las piezas clave en una operación que la UCO ha calificado como altamente irregular. Según los documentos, el vuelo partió de Zambia el 2 de enero y llegó a Venezuela el día 3, tripulado por ciudadanos rusos. Aunque el manifiesto del vuelo declaraba que transportaban material médico, la Guardia Civil sospecha que se trataba de una tapadera para ocultar el verdadero cargamento: las barras de oro venezolano destinadas a BANCASA.

La operación se complicó aún más cuando, pocos días después de la llegada del vuelo a Caracas, Delcy Rodríguez aterrizó en España, generando una tormenta política tras su polémico encuentro con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Aunque públicamente se dijo que la vicepresidenta no salió del aeropuerto, la investigación sugiere que su visita estuvo directamente relacionada con las operaciones financieras gestionadas por Aldama.

El informe de la UCO pinta un cuadro más amplio de la relación entre Aldama y Rodríguez, apuntando que el comisionista no solo buscaba cerrar la venta del oro, sino también asegurarse un papel como mediador en futuros acuerdos con el gobierno venezolano. A través de su contacto con Rodríguez, Aldama pretendía facilitar la resolución de las deudas de Globalia y, al mismo tiempo, fortalecer sus conexiones con el régimen chavista. La Guardia Civil sigue investigando si estas operaciones constituyen delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales o corrupción transnacional.