La sentencia es positiva, pero no suficiente, los inquilinos de los pisos sociales vendidos por el Ayuntamiento de Madrid a fondos buitre llevan cinco años luchando para que la operación se invalide. "Los tiempos de la Justicia y de la política no son los mismos, cada mes es un sinvivir", denuncia Arantxa Mejías, presidenta de la asociación de Afectados por la venta de viviendas EMVS.
Pero esta sentencia Tribunal de Cuentas sólo condena que la venta se hiciera por un precio menor de lo exigible y tendrán que seguir luchando para lograr la nulidad de la venta.
En Al Rojo Vivo, Rita Maestre, portavoz del Ayuntamiento de Madrid, ha dicho que "continúa adelante el proceso penal que se ha vuelto a abrir y que pretende que las familias puedan quedarse en esas casas".
Además, el Ayuntamiento de Madrid estudia recurrir. Consideran que el perjuicio económico es mayor que los 25 millones de euros que tendrán que pagar Ana Botella y otros siete exaltos cargos por vender viviendas sociales a fondos buitre.
En 2014 Ana Botella defendía que "para los inquilinos, lo único que cambia es su casero".
Su casero pasó a ser uno de los más mayores propietarios de España. El fondo Fidere, una de las seis sociedades dedicadas a compraventa de activos inmobiliarios, del fondo 'Blackstone' en España. En total suman unas 22.000 viviendas repartidas por nuestro país.
Si los inquilinos y el Ayuntamiento de Madrid logran su objetivo, la Justicia podría invalidar la compra de 1.860 de esas viviendas.