Más de 67.000 euros a cargo de las arcas públicas se destinaron a la defensa jurídica de Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel, y cerca de 100.000 para la del exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, alias 'El Rata', y su mujer.
Además, se usaron cientos de miles de euros más para la defensa de 11 sociedades mercantiles de la trama corrupta. "La Ley de Justicia Gratuita no prevé el pago a sociedades mercantiles", ha explicado la ministra de Justicia en funciones, Dolores delgado; también, a personas físicas que no tenían reconocido el derecho a justicia gratuita.
Pero "incluso se pagó la defensa de personas que lo tenían expresamente denegado", ha insistido Delgado. En total, se destinaron a estas defensas casi 800.000 euros sufragados por todos los ciudadanos gracias a la firma de un convenio, supuestamente irregular, entre el Consejo General de la Abogacía, el Colegio de Abogados de Madrid y el entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá.
Fue la Abogacía del Estado la que destapó las supuestas irregularidades en un informe del pasado abril en el que no deja lugar a dudas. "[...] la financiación de la asistencia jurídica prestada a las personas jurídicas imputadas en la causa [...] no tendría justificación", reza el escrito.
La sucesora de Catalá al frente del Ministerio de Defensa ha asegurado que ya investiga el caso. Según la Abogacía del Estado, las cantidades autorizadas por Rafael Catalá triplicaban lo que establece la ley.