La estrategia de Salomé Pradas ante la jueza de la DANA: señalar a todos para salvar a Mazón

Cuando el pasado 20 de noviembre el Gobierno de la Generalitat Valenciana comunicó su cese "por decisión propia", la exconsellera de Interior Salomé Pradas tomó la decisión, consensuada con sus abogados, de desaparecer del mapa. La máxima responsable del dispositivo de emergencias que no pudo evitar la muerte de 228 personas en la tragedia de la DANA redujo a cero su exposición pública y renunció a dar su versión sobre su salida del Gobierno.

Hoy volverá al primer plano del foco mediático con su declaración como investigada ante la jueza de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra, que ha dejado claro en varios autos que la responsabilidad en materia de emergencias y protección civil, según la legislación valenciana, corresponde al Gobierno autonómico y, por tanto, a Pradas como máxima responsable del departamento que tenía asignadas esas funciones.

Tan claro tiene la jueza que hay que mirar al Gobierno de Carlos Mazón para encontrar responsabilidades por los 228 homicidios por imprudencia y los centenares de lesiones que está investigando que ha rechazado por dos veces la declaración como testigo del todavía 'president' de la Generalitat con el argumento de que, si finalmente se anima a declarar voluntariamente, como le ha ofrecido en repetidas ocasiones, solo podrá hacerlo con la condición de investigado.

Pradas y su batalla por el relato

A falta de definir si ejercerá su derecho a no contestar a las preguntas de la jueza, del fiscal y del resto de acusaciones, Pradas ha dejado claro en los escritos que su defensa ha enviado al juzgado que va a jugar duro en la batalla del relato. En primer lugar, porque refuta el planteamiento de base de la magistrada y asegura que ella no era la "máxima autoridad" al frente del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), la sala de máquinas de la Administración desde la que se coordinaba la respuesta a la emergencia, sino que existía un "comité dual de decisión" del que también formaba parte, como representante de la Administración del Estado, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.

En un escrito remitido el pasado 24 de marzo por sus abogados, Eduardo de Urbano y Sandra Imedio, Pradas repartía culpas con la Delegación del Gobierno, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y apuntó que los tres organismos dependientes del Ejecutivo de Pedro Sánchez "participaron de modo relevante en los hechos" y no trasladaron "fielmente" la magnitud de la tragedia, entre otras cosas por la "selva normativa" existente entre las distintas administraciones.

"El origen principal de lo sucedido, hay que decirlo con toda claridad, no fueron tanto las lluvias sino la inexistencia de las obras de encauzamiento de los ríos que arrastraron las aguas por el barranco del Poyo, obras no ejecutadas por decisiones de Administraciones anteriores", señalaba el escrito, que añadía que la construcción de una presa en Cheste, proyecto abandonado en 2005, y elencauzamiento en el barranco del Poyo, que no se llegó a ejecutar en 2011, habrían "evitado las muertes que desgraciadamente se produjeron".

Todos los indicios que apuntan a la Generalitat

Sin embargo, todos los indicios que la jueza Ruiz Tobarra maneja en la investigación apuntan a la responsabilidad del Gobierno de Mazón, empezando por el informe que el 112, dependiente de la propia Generalitat, que reveló que a partir de las cinco de la tarde la situación empezó a ser desesperada para muchos vecinos de la Horta Sud valenciana. A las 15.22, una llamada alertó del desbordamiento del río en Requena, a las 17.34 el agua alcanzaba "el nivel del tejado" de una vivienda en Chiva y a las 18:31 ya se había "desbordado la rambla del Poyo".

Los mensajes aportados al juzgado por el número dos de Pradas, Emilio Argüeso, constatan esa realidad. En un chat de la Consejería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Argüeso aseguró a las 14.44 horas que los barrancos estaban "a punto de colapsar". La respuesta de la titular del área y actual vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, fue: "Jope, si necesitas algo, nos dices". Y continuar con su agenda.

Contradiciendo todos estos datos, Mazón, que estuvo toda la tarde desaparecido tras su larga comida en El Ventorro y asegura que no llegó al Cecopi hasta las 20:28, sostuvo que la "revolución hidrológica" que desencadenó la riada se produjo a partir de las siete y que su Gobierno "hizo lo que se pudo con la información que tenía", que era "inexacta, tardía y fragmentada".

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), señalada expresamente por Pradas, desmintió la ausencia de información en la que se escuda el Gobierno valenciano para justificar su inacción. Un informe remitido al juzgado especificó que la página web del Servicio Automático de Información Hidrológica ofreció "en tiempo real y con acceso libre para cualquier persona" los datos sobre la evolución de los caudales de ríos, barrancos y ramblas, incluido el del Poyo, cuyo desbordamiento provocó la catástrofe. "Eran accesibles para el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) a través de la aplicación Saihwin, dado que el CCE dispone también de dicha aplicación", detallaba el informe.

La jueza también requirió información a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y este organismo, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, desmintió el bulo del supuesto "apagón informativo". Lo meteorólogos informaron de la posible formación de la DANA desde el domingo 20 de octubre, realizaron un "aviso especial" por lluvias el día 27 y emitieron avisos de nivel rojo y naranja desde las 8.35 horas del 28 de octubre y durante todo el día 29. Por distintas vías, desde notas informativas, boletines y llamadas directas a Protección Civil, la Aemet avisó de las lluvias torrenciales que se iban a producir.

Esos avisos fueron tenidos en cuenta por ayuntamientos, diputaciones e instituciones públicas como la Universidad de Valencia que, teniendo en cuenta la "información pública" que tenía su alcance, decidió suspender los exámenes y pruebas obligatorias en la mañana del 28, las clases ese mismo día por la tarde y toda la actividad presencial (docente, administrativa, investigadora, cultural y deportiva) en la mañana del 29. Esa decisión evitó miles de desplazamientos y, probablemente, salvó muchas vidas.

Sin embargo, Pradas no solo tendrá que responder a este aluvión de indicios en su contra sino que también tendrá que enfrentarse a sí misma. El 7 de noviembre aseguró en una comparecencia con los medios que a las 20:00 horas del día de la tragedia, y cuando faltaban todavía 11 minutos para que ordenara el envío de la alerta a la población, desconocía que se podían mandar mensajes masivos a los móviles de la ciudadanía a través del sistema Es-Alert. Tras el escándalo que generaron sus manifestaciones, la exconsellera rectificó y dijo que sí conocía el sistema de alertas. La tercera versión tendrá que ofrecérsela a la jueza que la investiga.