Koldo García, exasesor del exministro socialista José Luis Ábalos, y su supuesto socio, el presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, detenidos en una operación por el presunto cobro de comisiones por la compra de mascarillas, se han acogido a su derecho a no declarar tras pasar a disposición de la Audiencia Nacional esta mañana. Los detenidos han quedado en libertad provisional. Además, al exasesor se le han impuesto medidas cautelares: comparecer periódicamente y la retirada del pasaporte.
La Fiscalía no ha pedido al juez el ingreso en prisión de Koldo García ni de los otros tres detenidos. Los otros tres detenidos que han pasado ante el juez son el hermano de Koldo García; el presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, y el empresario Íñigo Rotaetxe. Koldo ha salido sobre las 13.00 horas de la Audiencia Nacional intentando taparse la cara y sin responder a las preguntas de los periodistas.
García y De Aldama, quienes, según sospechan los investigadores, serían presuntamente socios en la trama investigada, forman parte de los cinco detenidos que han comparecido las 9.00 horas ante magistrado Ismael Moreno, instructor de la causa. No obstante, se han acogido a su derecho a no declarar y han quedado en libertad después de que la Fiscalía no haya pedido prisión para ninguno de ellos.
Los otros quince arrestados también quedaron en libertad, entre ellos la mujer de Koldo García. Según han informado a EFE fuentes de la investigación, el exasesor del que fuera ministro de Transportes durante la pandemia habría realizado tareas de intermediación entre empresas y administraciones y, presuntamente, habría cobrado comisiones irregulares por ello.
Entre las administraciones perjudicadas estarían los ministerios de Transportes y de Interior, además de las comunidades autónomas de Canarias y de Baleares. En el marco de la operación, llevada a cabo por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), los agentes han practicado 26 registros o requerimientos en una operación desplegada por el supuesto cobro de comisiones de adjudicaciones fraudulentas de mascarillas en pandemia.
La Fiscalía Anticorrupción investiga presuntos hechos delictivos asociados a delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, que podrían haberse cometido en la adjudicación de diferentes contratos de varias administraciones.