La imputación de José Luís Ábalos es cuestión de tiempo, de posiblemente muy poco. Según fuentes jurídicas han confirmado a laSexta, la Fiscalía Anticorrupción va a pedir al juez Ismael Moreno, encargado del caso, que remita al Tribunal Supremo los indicios hallados por el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil contra el exministro.

En el informe, la UCO atribuye a Ábalos "un papel relevante y de responsabilidad en su relación directa con Koldo, Aldama y la organización criminal dinamizada por este último". Aunque él siempre defendió que indicios no había. "Yo no estoy en este proceso, en esta causa, como imputado o investigado. Seguramente si hubiera algún indicio ahí estaría", explicó hace unas semanas en laSexta Xplica.

El fiscal sostiene que el informe de la UCO aporta pruebas suficientes contra él y que hay dos elementos claves que le señalan. Uno, el pago del piso dónde vivía Jéssica, la que habría sido su pareja. Una vivienda en Madrid de más de 160 metros cuadrados con vistas a plaza de España.

"Los hacía yo, a mi cargo, no como se ha dicho", defiende Ábalos acerca del domicilio. En cambio, no es lo mismo que se retrata en el informe. Según la UCO, la trama pagó más de 82.000 euros en alquiler para esa casa.

Pero hay otro más. La compra de un chalé en La Línea de la Concepción para el propio Ábalos, por valor de más de 500.000 euros. Y unos mensajes que se intercambió con Koldo, lo demuestran. "He encontrado esto en Idealista. Son las mejores, por situación y por tamaño". Unos domicilios que los investigadores señalan que son contraprestaciones por haber otorgado el contrato de las mascarillas a Víctor de Aldama.

Su respuesta a todo lo que desvela el informe de la UCO ha sido ofrecerse voluntariamente a declarar ante el juez. Eso sí, como testigo e incluso sin asistencia de un abogado. Pero a estas alturas, ya todo le señala como involucrado en la trama.

Desde el polémico viaje a España de Delcy Rodríguez hasta las adjudicaciones de contratos que pasaron por el ministerio de Transportes. Se estima que la trama acumula 60 millones en adjudicaciones públicas.

Este sábado, el Gobierno Balear ha anunciado que auditará los que se hicieron en 2021 para la realización de pruebas PCR por más de un millón de euros.