El Ministerio de Fomento ha comenzado a preparar su anunciada nueva Ley de Vivienda con la apertura de una ronda de contactos con las distintas comunidades autónomas, según informaron en fuentes del Departamento. Con estas reuniones pretende hacerse con un "diagnóstico previo" para elaborar una ley que "aborde de manera integral todos los problemas de acceso a la vivienda en España".
La nueva ley, anunciada esta semana en el Congreso por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, incluirá la intención que también avanzó el jefe del Ejecutivo de 'blindar' la vivienda pública para que no pueda venderse a inversores privados. Entre el resto de objetivos que persigue el nuevo texto legal figura "acotar la escalada" que registra el precio de los alquiles en España, especialmente en las grandes ciudades.
Para ello, el texto incluirá el anunciado plan de choque de construir un parque de 20.000 pisos públicos en alquiler ya anunciado por el ministro de Fomento, José Luis Abalos. Con el mismo fin, la ley supondrá una revisión de los actuales programas de ayudas al alquiler del Plan Vivienda recientemente puesto en marcha y cambios en las condiciones contractuales de los contratos de alquiler para ampliar su duración máxima a cinco años.
Además, la ley contemplará "mejoras fiscales" para "estimular la oferta de pisos en alquiler y moderar su precio", según avanzan en Fomento. Otras de las medidas que se contemplan incluir en el nuevo texto pasan por mejorar la financiación del ICO para promoción de viviendas. Además, la ley pretende afrontar otro de los principales retos actuales del mercado residencial, como son los alquileres turísticos.
Con todos estos fines, en las primeras reuniones con las comunidades autónomas, la máxima responsable de Vivienda de Fomento ha "chequeado" la provisión de suelos con que cuentan, dado el "especial interés" del Ministerio en promover un parque de vivienda pública en alquiler, ya sea mediante la rehabilitación del parque existente, la promoción de nuevas viviendas, especialmente en suelo público, o la compra de viviendas por parte las administraciones.