Arranca un nuevo curso político marcado por los deberes pendientes del Gobierno. El Gobierno y el resto de partidos han hecho un paréntesis para irse de vacaciones, dejando en el aire un sinfín de cuestiones a las que se tendrán que hacer frente en los meses venideros. Un paréntesis que ha finalizado con la reunión del Consejo de Ministros y con la ya concluida gira de Sánchez por Mauritania, Gambia y Senegal, retomando así la vida política y las sesiones de control en el Congreso.

Las vacaciones no han dejado atrás el complejo panorama que ya se dibujó durante el mes de julio. La tensa relación de Junts con el PSOE, que ha pasado de ser un 'aliado' a poner contra las cuerdas al Ejecutivo; los Presupuestos Generales de 2025 que penden de un hilo; el pacto que no llega entre la CEOE y el Gobierno para reducir la jornada laboral; y la inflación que azota a la economía española son los principales frentes abiertos -no los únicos- que están sobre la mesa en este arranque de curso político. En su arranque, la oposición, con un Partido Popular cada vez más próximo a la ultraderecha, dificultará las decisiones de Sánchez.

Comienza así el segundo año de mandato PSOE-Sumar con luces y sombras, cosechando más derrotas que victorias. La falta de apoyos ha hecho que los triunfos del Gobierno se cuenten con los dedos de una mano. Solo ha podido aprobar cinco leyes en el Congreso, aunque entre ellas hay una que ha sido clave: la ley de amnistía. Las victorias han sido escasas, pero la coalición ha conseguido salvar el primer 'match ball' de la investidura logrando la tan esperada renovación del Consejo General del Poder Judicial -cuyo mandato llevaba caducado más de cinco años-.

La crisis de la vivienda, primera asignatura pendiente

Sin duda, la vivienda será el primer gran adversario al que tendrá que enfrentarse el Gobierno. El elevado precio del alquiler, que ya se ha situado en 12,59 euros el metro cuadrado durante el mes de julio, y el negocio del alquiler turístico que ha acaparado el mercado inmobiliario en ciudades como Madrid o Barcelona son las dos cuestiones centrales que Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, tiene en su lista de prioridades.

A esto hay que sumarle la negativa de Sumar al proyecto sobre la ley del Suelo. Una reforma que pretendía remediar los planes de ordenación urbanística municipales decaigan en su totalidad por defectos formales que no sean sustanciales y así construir una mayor cantidad de propiedades para paliar los precios. Sin embargo, tras el 'no' de su socio de Gobierno la ley de suelos ha quedado en tierra de nadie, mientras que el mercado inmobiliario sigue al alza.

Aun así, todo indica a que la línea que se seguirá desde el Ministerio será la misma que la del pasado curso político: regular los alquileres de temporada desarrollando una ley con urgencia e insistir en aprobar la modificación de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana para ampliar la oferta de vivienda asequible.

El drama migratorio y la Ley de Extranjería

Del drama de la vivienda, al drama de la migración. Tal es la gravedad del asunto, especialmente en Canarias, Ceuta y Melilla, que la primera tarea de Sánchez nada más volver de vacaciones ha sido mejorar las relaciones con los países africanos; en concreto, con Mauritania, Gambia y Senegal, en una gira por el continente que ha estado marcado por un discursoa caballo entre 'la migración como oportunidad' y los "retornos imprescindibles".

La cuestión migratoria, por lo tanto, será objeto de discusión. Los socialistas deberán convencer al PP para que voten a favor de la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería para acordar un reparto por ley de los menores migrantes no acompañado entre las distintas comunidades autónomas -algo que ahora mismo ven "imposible" los populares-. A esta medida se le suma la nueva propuesta del Gobierno: la migración circular.

Las dudas sobre la reducción de la jornada laboral

La reducción de la jornada laboral a 37 horas también está en la lista de tareas pendientes de Sánchez, y más concretamente de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. El Ministerio de Trabajo retomará el próximo lunes 9 de septiembre la negociación sobre la reducción de jornada laboral con el objetivo, cada vez más ajustado, de cerrar un acuerdo en el que esté la patronal CEOE y tener aprobado el cambio normativo necesario antes de final de año.

Tras terminar julio con una nueva propuesta sobre la mesa, el Gobierno y los agentes sociales se dieron el mes de agosto a modo de paréntesis forzado para volver al diálogo en septiembre con los deberes hechos. Esto es, con una respuesta concreta a los aspectos que entran en juego en un cambio que afectará a millones de trabajadores en España. El acuerdo del Gobierno fija reducir la jornada máxima semanal desde las 40 horas vigentes a las 37,5 horas en 2025 pasando por las 38,5 horas ya desde este 2024. Los sindicatos se han mostrado partidarios de esta reducción, pero como un primer paso para ir a una rebaja mayor, mientras que la patronal rechaza hacer un cambio así por ley y señala el fuerte impacto que tendría en algunos sectores.

Junts dinamita los Presupuestos Generales

La aprobación de la ley de amnistía no ha estrechado la relación entre Gobierno y Junts, que no ha tardado en poner en duda la aprobación de los Presupuestos de 2025. "No somos socios de este Gobierno. Solo nos interpelan Cataluña y los catalanes. No sé a qué se debe esta vocación suya de siempre irnos uniendo cuando saben que no es así", manifestó la diputada de Junts en el Congreso Marta Madrenas i Mir, dejando en claro la postura del partido independentista.

A pesar de las dudas que giran sobre la previsión anual de ingresos y gastos, el Gobierno ha asegurado que trabaja para presentar unas nuevas cuentas para el año próximo acordes con la coyuntura económica, y ha afirmado que mantiene la "mano tendida" a los grupos políticos para sacar también adelante las del próximo año.

La promesa de la regeneración democrática

Lejos de los rifirrafes de Junts con el PSOE, otra de las cuestiones a las que el Gobierno tendrá que hacer frente será la tan sonada regeneración democrática que se presentó el pasado mes de julio. Sánchez detalló una serie de medidas destinadas a establecer salvaguardas para combatir las injerencias políticas en las decisiones editoriales, proteger a los periodistas y a sus fuentes y garantizar la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación.

Asimismo, Sánchez subrayó la necesidad de establecer límites a la financiación que las administraciones públicas pueden destinar a los medios, con el fin de evitar que algún medio tenga más financiadores públicos que lectores. Un plan que, para variar, genera dudas en el PP, por lo que el PSOE tendrá que buscar el máximo consenso para implementar estas medidas, para lo que disponen de un plazo hasta agosto de 2025.

La 'derogación' de la ley mordaza

La ley mordaza es la última de las cuentas pendientes del Gobierno de cara a este nuevo curso político. El pacto al que llegaron PSOE y Sumar se quedó a mitad de camino de lo que habían prometido los socialistas, tocando única y exclusivamente lo relacionado con los delitos de injurias y calumnias, es decir con la parte de la norma que tiene que ver con la libertad de expresión. El objetivo de esta modificación era ofrecer una reparación pública a aquellas personas investigadas con proyección pública.

Aun así, la modificación ni se acerca a lo que en su momento prometió Sánchez en una entrevista en laSexta Noche, cuando aseguró que derogaría la Ley Mordaza al llegar al poder. Promesa que aún no se ha materializado y que no se contempla por parte del Ejecutivo de cara a los próximos meses.