La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha abogado por limitar los alojamientos turísticos en las zonas tensionadas, respetando las competencias autonómicas, y ha anunciado que junto al ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, quiere reunirse con las comunidades autónomas para ello.

"No quiero entrar en sus competencias pero esto es de mi incumbencia porque está tensionando el mercado residencial y el derecho de acceso a la vivienda", ha asegurado en una entrevista en la Cadena SER, en la que ha apuntado que no quiere que el centro de Madrid sea un parque temático sino una ciudad.

Respetando la autonomía local y las competencias autonómicas cree que hay que limitar la vivienda turística en mercados tensionados para priorizar el derecho a la vivienda y que ya hay comunidades como Cataluña, Andalucía y Canarias que están dando pasos, ya que está afectando gravemente al precio del alquiler residencial. Ha señalado que se deben regular atendiendo a la diversidad territorial para actuar con "bisturí" y ha recordado que ya se está trabajando con el Ministerio de Industria y Turismo en la materia y observando lo que dice Europa al respecto teniendo en cuenta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya entendió que era necesario tratar esta cuestión y abrió la posibilidad de intervenir el mercado.

A modo de ejemplo ha señalado que hay 340.000 apartamentos turísticos legales, más de las viviendas de alquiler asequible que se van a poder poner (183.000) y 14.000 en Madrid, más que la Operación Campamento, a los que se añaden muchos ilegales hay que perseguir.

Preguntada por los anuncios de vivienda del Gobierno a las puertas de las elecciones, el último la eliminación del "visado dorado" (Golden Visa) antes de los comicios en el País Vasco y Cataluña, ha negado que haya electoralismo con la vivienda y ha apuntado que la campaña electoral del Gobierno empezará dentro de tres años y medio. Además, ha insistido en hacer un llamamiento a todos los actores del sector con un acuerdo de país para abordar este problema, que cree que tiene solución si todos trabajan en la misma dirección aunque haya intereses contrapuestos.

Reunión con Sánchez: balance de medidas y nuevos retos

Después, tras la reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este jueves con el sector financiero e inmobiliario, Rodríguez ha explicado que el objetivo es profundizar en las medidas para hacer que hacer que exista más vivienda asequible. Por ello, en rueda de prensa, ha hecho un llamamiento a todos los propietarios de una vivienda en alquiler. "Les necesitamos. Hoy el parque de vivienda en alquiler pertenece en un 95% a particulares y les digo que el ministerio va a trabajar en aportar certeza, seguridad jurídica y garantías para que puedan poner más vivienda a disposicion del alquiler asequible, el que implique menos del 30% del salario", ha explicado..

Ha asegurado que el Ejecutivo se siente acompañado por el sector privado, por las administraciones públicas, por las comunidades autónomas y por los ayuntamientos. Con respecto al índice de vivienda para regular el alquiler, se ha mostrado confiada en que se adhieran más comunidades autónomas además de Cataluña ya que hay ayuntamientos que lo están solicitando y puede suponer de media una rebaja del alquiler del 30 % en zonas tensionadas.

"Respetamos la competencia de las CCAA y tienen competencia para intervenir en situaciones excepcionales, no podemos mirar a otro lado, no se puede ocultar la realidad y la realidad es que hay ciudades con el mercado tensionado. Es mucho más dramático, hay personas que teniendo buenos empleos y salarios dignos están destinando el 60-80% de su sueldo o viendose abocados a vivir con compañeros de piso. Esto es una emergencia social que requiere accion política", ha añadido

Sobre el "visado dorado", ha afirmado que desde que asumió la cartera estudia eliminarlo, que se informó a Sumar de que se estaba analizando, ante las acusaciones de que les han copiado la medida, y que no va a solucionar el problema en toda España, pero sí en mercados en los que supone un 5 %, un 7 % o un 10 % de las operaciones. La ministra ha recordado que en los dos últimos años han supuesto un tercio de todos estos visados y que se estaba invirtiendo lo mínimo exigido para poder tener este permiso.