Este miércoles, Pedro Sánchez abordó un tema: el papel de las plataformas de alquiler vacacional en la especulación inmobiliaria. Durante su intervención, el presidente señaló directamente a estas empresas como uno de los principales problemas a la hora de garantizar un acceso justo a la vivienda en España.
"Aunque ello implique incomodar o enfadar a los especuladores, a grandes tenedores o, en este caso, a plataformas digitales que convierten nuestras casas en hoteles ilegales", declaró Sánchez, subrayando la necesidad de controlar mejor los alquileres turísticos, que proliferan en estas plataformas.
Estas plataformas, como Airbnb o Booking, se han convertido en la vía más utilizada para alquilar pisos turísticos. Su popularidad radica en la comodidad que ofrecen a los usuarios, quienes pueden reservar y pagar a través de ellas, sin importar si el piso está legalmente registrado o no. "Es muy cómodo, hacemos la reserva y pagamos en la plataforma", comenta un usuario habitual. La falta de control ha permitido que numerosos pisos ilegales se publiciten sin problema alguno, una situación que ha generado críticas tanto desde el sector hotelero como entre los investigadores urbanos.
Jaime Palomera, del Instituto de Investigación Urbana, señala que "hace falta una inspección efectiva para que ningún portal permita la publicación de pisos no regulados". Mientras tanto, hoteleros como Massiel García, del Hotel Neptuno, denuncian la "competencia desleal" que suponen estos pisos turísticos. "Debería estar regulado desde ya", afirma, destacando que las plataformas podrían facilitar este control si se les obliga a hacerlo. Otro hotelero comparó la situación con "querer comprar droga en una plataforma", subrayando la gravedad del problema.
Hasta ahora, las medidas adoptadas en España han recaído principalmente sobre los propietarios, con iniciativas que van desde la limitación de licencias hasta propuestas más drásticas como cortar el suministro de agua a pisos turísticos ilegales en Sevilla. También se ha planteado que las comunidades de vecinos puedan vetar la apertura de nuevos pisos turísticos en sus edificios.
Sin embargo, el gobierno parece dispuesto a ir más allá. Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, afirmó que la prioridad es "tener un mayor control sobre estas plataformas y, de ese modo, lograr una mayor fiscalización". Además, desde el Ministerio de Consumo ya han anunciado que perseguirán activamente los anuncios de pisos ilegales y han solicitado la colaboración de los municipios para llevar a cabo estas inspecciones.