El Ejecutivo modificará la Ley de Enjuciamiento Civil y fomentará una mayor coordinación con los servicios sociales en casos de desahucio, de forma que los procesos de levantamiento ante impagos se paralicen hasta que intervengan dichos servicios sociales, según avanzó el ministro de Fomento, José Luis Abalos.
"No queremos que nunca más tragedias como la de ayer, y muchas otras que hayan quedado silenciadas, vuelvan a ser noticia, no debemos tolerarlo", ha asegurado el ministro en una comparecencia en el Senado en referencia a la mujer que este lunes se precipitó por la ventana de la vivienda que ocupaba en alquiler en el momento en que iba a ser desalojada.
Las medidas para cambiar los desahucios se toman en tanto se disparan los supuestos de desalojos de viviendas en régimen de alquiler, frente a los de pisos en propiedad registrados durante la crisis, como consecuencia del aumento del precio de las rentas.
En el segundo trimestre de este año, el desalojo de pisos en renta creció un 6,1% de forma que supusieron el 61,2% del total, mientras las ejecuciones hipotecarias cayeron un 8,5%, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial.
El cambio en los procesos de desahucio formará parte del paquete de medidas urgentes en materia de vivienda que Fomento ultima aprobar próximamente por Real Decreto Ley en Consejo de Ministros, y que está enfocado principalmente hacia el alquiler.
Entre el resto de iniciativas de este Real Decreto figura una "reforma fiscal" en la que trabaja el Ministerio de Hacienda con el fin de contribuir a "estimular la oferta de vivienda en alquiler y moderar sus precios". Además, incluirá la anunciada reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para volver a ampliar desde tres a cinco años la duración del contrato de alquiler, así como limitar a dos mensualidades de renta las garantías adicionales a la firma del contrato, y garantizar que los gastos de esta formalización contractual corran a cargo del propietario de la vivienda en el caso de que sea una empresa.
Asimismo, se aprovechará la reforma de esta Ley para "acotar" el término de vivienda de uso turístico, "con el fin de garantizar que el parque de viviendas se destine de forma prioritaria a cumplir su función social de garantizar el derecho a la vivienda".
El paquete de medidas urgentes se completa con la búsqueda de suelo por parte de la sociedad pública de suelo Sepes con el fin de promover viviendas de alquiler a precios asequibles. Las medidas han surgido del equipo ministerial constituido para abordar un cambio en la política de viviendas que, además, también trabaja en otras iniciativas a abordar más a medio y largo plazo. Esta segunda ronda de iniciativas pasa por dotar de más presupuesto y reorientar el Plan Vivienda 2018-2021 que Fomento 'heredó' del anterior Gobierno, con el fin de revisar sus ayudas y sopesar incluir otras nuevas.
Asimismo, se abordará el plan de construir 20.000 viviendas públicas en alquiler a "precios accesibles", de las que no obstante, ya se han puesto en marcha la ejecución de las primeras 5.200.