Nuevo capítulo en el ya largo libro de los escándalos del rey emérito Juan Carlos I. El último movimiento del monarca, según avanza el diario 'El País', ha sido presentar una declaración ante la Agencia Tributaria para regularizar su situación fiscal.
Lo ha hecho a través de un escrito que ha remitido su abogado, Javier Sánchez-Junco, a Hacienda, que ahora estudia si acepta esta regularización propuesta por el emérito o si, por el contrario, pide aclaraciones y decide entonces cuál es el importe que debe abonar.
Esta declaración no estaría relacionada con su posible fortuna en el extranjero, sino con la investigación llevada a cabo por el Tribunal Supremo sobre el uso de tarjetas bancarias con fondos opacos de Allen Sanginés-Krause, empresario mexicano.
Carlos Cruzado, presidente de Gestha, asegura a laSexta que la inviolabilidad que el rey Juan Carlos tenía "no entraría en juego" si los ejercicios son a partir de 2014. Si la cuantía pendiente de pago supera los 120.000 euros, el delito fiscal podría verse agravado "si se dan las circunstancias que establece el código penal".
El rey emérito podría evitar ser perseguido judicialmente por este caso si la regularización fuese aceptada, una regularización acompañada de sanción e intereses, con la cuantía correspondiente, un 20% de recargo y los intereses de demora.
Anticorrupción está tras la pista de los gastos de tarjetas de crédito opacas que presuntamente usaban los reyes eméritos Juan Carlos y Sofía y algunos de sus nietos.
Según pudo saber laSexta en noviembre, el ayudante de campo del rey, Nicolás Murga Mendoza, teniente coronel del Ejército del Aire, sería su testaferro, mientras que el dinero procedía del millonario mexicano Allen Sanginés-Krause.
Se tomó declaración al empresario mexicano Sanginés-Krause, que habría nutrido estas cuentas y pagado numerosos viajes y estancias del monarca emérito. Este empresario, amigo del emérito, le invitó a la reapertura de una iglesia irlandesa que había restaurado en 2017.
Las reacciones políticas a la noticia
Desde el Congreso de los Diputados, coincidiendo con el acto de conmemoración a la Constitución española, varios líderes políticos han dado su punto de vista a estas informaciones.
Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos, cree que este movimiento se trata de "una confesión" por parte del emérito de que "ha defraudado a Hacienda".
Pablo Casado, líder del PP, cree que los "asuntos privados" de Juan Carlos I deberán ser "dilucidados" por "otro poder del Estado", quedándose con su "legado", similar discurso al de Isabel Díaz Ayuso: "Este país le debe mucho al rey Juan Carlos".
Para Vox, no existen anomalías en que el monarca quiera regularizar su situación con Hacienda, ya que tiene "el mismo derecho que el resto de españoles" a acogerse a la normativa fiscal, como ha defendido Espinosa de los Monteros.
La Casa Real guarda silencio
A preguntas de laSexta sobre estas informaciones del rey emérito, la Casa Real no se pronuncia. Tampoco han hecho valoraciones al respecto ni el presidente Pedro Sánchez, ni ningún miembro del Gobierno.
Bono: "La inviolabilidad debe ir referida a los actos como gobernantes"
Por su parte, José Bono, exministro de Defensa y expresidente del Congreso de los Diputados ha hablado en Liarla Pardo de la inviolabilidad del rey, afirmando que "el privilegio que tienen los jefes de Estado de la inviolabilidad deben ir referido exclusivamente a sus actos como gobernantes, pero no a su vida privada". Así, Bono ha defendido que "hay que modificar la Constitución".