El Supremo ve "indicios de criminalidad" de la expresidenta de Adif Pardo de Vera por la contratación de Jéssica

El juez que investiga el 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha decidido remitir el testimonio de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno para que valore si debe imputarla por la contratación de Jéssica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos, en las empresas públicas Tragsatec e Ineco.

Según el magistrado, existen indicios bastantes para considerar que Pardo de Vera "habría podido tener una relevante participación" en la "posiblemente irregular y caprichosa contratación por sendas empresas públicas de una persona escogida libérrimamente" por el exministro de Transportes, que "habría contado para ello con la relevante participación" de Koldo García, sin que Jéssica, "durante el período en el que estuvo contratada, desplegara actividad laboral alguna".

En este sentido, el juez considera "particularmente reveladoras" las comunicaciones entre Pardo de Vera y Koldo sobre este asunto, recogidas en un informe de la UCO.

Así, el instructor envía a la Audiencia Nacional los documentos elaborados por las citadas empresas en relación con los contratos, así como parte de ese informe de la UCO y la declaración que prestó como testigo la propia Jessica Rodríguez para que valore la existencia de posibles indicios de criminalidad en la actuación de Pardo de Vera y, en su caso, acuerde tomarle declaración como investigada, asumiendo la competencia de los hechos que se le atribuyen.

El juez argumenta que la competencia es de la Audiencia porque la del Supremo debe limitarse, además de a los hechos atribuidos directamente al aforado -en este caso Ábalos, en su calidad de diputado- a aquellos casos en los que se aprecie una conexión material inescindible con los que pudieran haber realizado otras personas.

Ordena investigar las obras señalas por Aldama

Por otra parte, en ese mismo auto el juez Puente ordena a la UCO que investigue la adjudicación de las obras y rectificados que aparecen destacados en fluorescente en los documentos aportadas por Víctor de Aldama y que identifique a la empresa que finalmente resultó adjudicataria de cada una de ellas y fiscalice el procedimiento de adjudicación.

El magistrado toma esta decisión a la luz del resultado del informe pericial caligráfico sobre la prueba de escritura de Koldo García, relacionada con los documentos aportados por el empresario, que concluyó que esa la letra era, en efecto, la del exasesor de Ábalos.

Nuevas testificales

Además, el juez acuerda citar como testigo a Claudia Montes, a la vista de un informe de la UCO que apunta que "podría haber sido contratada irregularmente" en la empresa pública Logirail, vinculada al Ministerio de Transportes, por la influencia de Ábalos y con la colaboración de Koldo. Montes, apunta el auto, formaba parte del "círculo personal" de exministro. Con su declaración, agrega, se busca "esclarecer las circunstancias de dicha contratación".

También llama a declarar como testigo a César Moreno, socio de Aldama, en la medida en que puede aportar conocimiento sobre las supuestas entregas periódicas de 10.000 euros mensuales a Koldo. El magistrado explica que, aunque le cita como testigo, Moreno deberá comparecer con abogado, ya que figura como investigado en la causa que instruye el juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional.

Rechaza citar a Marlaska

Por último, el magistrado rechaza todas las diligencias solicitadas por la defensa de Ábalos, entre ellas la citación como testigos del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del secretario de Estado de este Ministerio, Rafael Pérez Ruiz, por considerar que no son "pertinentes, útiles ni necesarias a los fines de la investigación".

El exministro había solicitado estas declaraciones porque el informe de la UCO reseñaba que Interior también adquirió mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, investigada en la Audiencia Nacional. El juez Puente, sin embargo, señala que respecto a esa adjudicación no se ha identificado "irregularidad alguna determinante de la incoación de diligencias de investigación".