El juez del Supremo pide investigar el patrimonio de Ábalos y le cita a declarar el 18 de febrero

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha pedido este martes a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la elaboración de "un informe sobre la situación económico patrimonial del exministro José Luis Ábalos", así como la de su hijo Víctor. Asimismo, el juez de de lo Penal ha vuelto a citar al exsocialista para declarar el próximo 18 de febrero. Si bien en esta ocasión lo hará "ya con el estatus propio de investigado (...) tras la concesión del suplicatorio" por parte del Congreso de los Diputados que suspendía la inmunidad como aforado del político.

En el auto, al que ha accedido laSexta, el juez detalla que deben consultarse "fuentes abiertas, expresivo de las cuentas o depósitos bancarios de los que pudieran ser titulares, cotitulares o autorizados", así como "los bienes inmuebles o vehículos" a nombre de padre o hijo. Además, solicita que se compruebe "su eventual participación en entidades mercantiles como administradores, socios o partícipes". En definitiva, el juez quiere comprobar si pudieron enriquecerse de esas mordidas que el empresario Víctor de Aldama dijo haberles pagado a cambio de preadjudicaciones de obras.

Respecto a la nueva citación, esta será la segunda vez que el exsocialista declare ante el magistrado Leopoldo Puente tras haberlo hecho de forma voluntaria el pasado mes de diciembre. Allí, durante la declaración que duró unas tres horas, negó todas las acusaciones vertidas contra él en el marco del 'caso Koldo', además de relatar cómo se gestó su marcha al frente del Ministerio y del PSOE.

Una estrategia que también siguió su exasesor Koldo García, a quien Puente también ha citado el 18 de febrero para realizar una prueba pericial caligráfica, para así esclarecer si su letra coincide con la que figura en los documentos aportados por Aldama. En concreto, el empresario, también investigado en la trama de los hidrocarburos, aportó un folio con una lista de obras públicas cuya adjudicación habría sido amañada a su favor, además de un "pantallazo" en el que se veía una nota manuscrita sujeta por una mano, también referida a esas supuestas tretas en Transportes.

Mensajes, pisos y "señoritas"

Otra de las diligencias dictadas por Puente este martes es en la que requiere, también a la UCO, un informe a partir de las comunicaciones telefónicas realizadas, así como de las demás actuaciones efectuadas que conciernen a los tres investigados en la causa, es decir, al exministro, a su exasesor que da nombre al caso y al empresario Víctor de Aldama.

En esa línea, el juez concreta que también deberán incluirse la totalidad de los terminales o dispositivos intervenidos a Koldo y Aldama en el curso de las investigaciones ya practicadas, con especial atención a los mensajes que pudieran haber intercambiado con José Luis Ábalos; con su hijo Víctor; con el ministro Ángel Víctor Torres -o sus subordinados-; con el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán; o con cualquier otra persona aforada ante el Supremo.

Una decisión que Puente toma a raíz de que Aldama encendiese el ventilador de las acusaciones llegando a salpicar por distintas razones a miembros y exmiembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez. En el caso de Cerdán, el empresario sostuvo haberle entregado 15.000 euros en efectivo en "un bar enfrente de Ferraz" a través de Koldo. Mientras que del que también fuera expresidente de Canarias aseguró haberle conseguido pisos en el barrio Salamanca, Atocha y Tribunal para encuentros de diversa naturaleza, por ejemplo, "con señoritas".

Precisamente, sobre este asunto el magistrado Leopoldo Puente ha pedido a Aldama que en un plazo de diez días aporte un listado de los pisos que habría pagado, con sus correspondientes fechas de contratos, estancias y pago de los mismos. Además, de que incluya si también hubo algún pago a esas "señoritas" a las que se refirió en su declaración y, en el caso de haberlos, quién los abonó.

Nuevos testigos (y Jessica)

Asimismo, el magistrado también ha pedido que se identifiquen a las personas que procedieron a contratar laboralmente a la novia del exministro Ábalos, Jessica Rodríguez García, primero en INECO y luego en TRAGSATEC, ambas públicas. También, en torno a Jéssica se solicita a Transportes un informe acerca de los viajes oficiales, tanto dentro de España como hacia el extranjero, en los que, entre los meses de noviembre de 2018 a diciembre de 2022, pudiera haber acompañado a Ábalos, así como la identidad de la persona o el número de cuenta desde la que se abonaron los gastos.

También Jessica se encuentra entre los nuevos 17 testigos que ha citado el magistrado entre los días 25 de febrero y 5 de marzo. Entre ellos, está el director de Gabinete de la ministra de Hacienda, Carlos Moreno; exaltos cargos de Fomento como Jesús Manuel Gómez García, Javier Herrero e Isabel Pardo de Vera; el hermano del exasesor de Ábalos, Joseba García Izaguirre; uno de los hijos del ministro, Víctor; la empresaria Carmen Pano y su hija, quienes presuntamente habrían llegado bolsas de dinero a la sede socialista en Ferraz.