Búsqueda de responsabilidades

La jueza imputa a la exconsejera Pradas por no evitar las muertes durante la DANA

Los detalles Como "responsable de emergencias" debía "evitar los riesgos en general a la población" y de forma "indudable (...) sus acciones y omisiones afectaron a alguno de los fallecidos que volvían de su trabajo".

La consellera de Interior de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas y el secretario autonómico de Emergencias de Valencia, Emilio Argüeso, el pasado mes de noviembre.

La jueza de Catarroja que investiga las responsabilidades de la gestión de la trágica DANA del 29 de octubre en Valencia, ha citado a declarar como investigados en la causa a la exconsellera de Interior, Salomé Pradas, así como al exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. De esta manera, se admite la querella formulada por FETAP-CGT respecto a los citados, rechazándose así la del resto de los querellados.

En concreto, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra atiende a una querella interpuesta por un delito contra los derechos de los trabajadores. En esa línea, la jueza argumenta que aunque "no poseían específicas responsabilidades en mantenimiento de la seguridad de los trabajadores" se presenta como "indudable que sus acciones y omisiones afectaron a alguno de los fallecidos que volvían de su trabajo". Al fin y al cabo, era "responsables de emergencias (...) era evitar los riesgos en general a la población, su vida e integridad física, protección civil.

Aunque la querella de la CGT se interpone por delito contra los trabajadores, la jueza también admite la querella de la Asociación de Damnificados Horta Sud, que se presenta por homicidio por imprudencia y lesiones. Este delito absorbería el delito contra los derechos de los trabajadores.

Además, en el auto dictado este lunes, al que ha accedido laSexta, la magistrada afea las distintas versiones de lo sucedido aquella jornada que ha estado dando al Consell, así como que la respuesta ofrecida al preguntar si hubo un receso en el CECOPI aquella tarde "no es una contestación explícita a lo solicitado".

Asimismo, la magistrada ha subrayado en este escrito que "no se puede alegar un desconocimiento de los responsables de emergencias de la Generalitat Valenciana de los Sistemas Automáticos de Información Hidrológica (SAIH) ni de la posibilidad de acceso al mismo, ni de forma paralela atribuir responsabilidad penal al presidente de la Confederación Hidrográfica, ni a prácticamente todos los cargos directivos o no de dicho organismo".

Cuestión de importancia al tener en cuenta que desde la Generalitat se ha tratado de señalar en más de una ocasión al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Organismo al que se ha acusado de haber producido un "apagón informativo" durante aquella catastrófica tarde.

Ruiz Tobarra, incluso va más allá, y asegura que además "de la remisión de correos electrónicos entre las 16:13 horas y las 18:43 horas que informaban sobre el caudal" también debía "atenderse a la información que se proporcionaba por el SAIH". Extremo que en distintas ocasiones se ha puesto de relieve para confrontar, precisamente, esas acusaciones que venían de la Generalitat Valenciana, todavía dirigida por Carlos Mazón.