El Congreso de los Diputados finalmente no tramitará la proposición de ley impulsada por Sumar, los movimientos sociales y de inquilinos para luchar contra el uso fraudulento de los contratos de alquiler de temporada y de arrendamiento de habitaciones, una ajustada votación marcada por el cambio de postura de Junts.
La votación se presentaba tan ajustada que ha obligado a acudir al presidente del Gobierno, un Pedro Sánchez que ha secundado la tramitación de esta proposición de ley, que se ha votado pasadas las 20:30 horas tras una larga jornada en la Cámara Baja. La votación ha terminado con 172 votos a favor y 178 votos en contra.
Según trasladan fuentes de la formación catalana a laSexta, Junts "no puede participar" en la tramitación de una ley que "institucionaliza, entre otras cosas, que una habitación es una vivienda". Además, ven "evidente" que estarían ante una invasión de las competencias de Cataluña.
A lo largo de la mañana, Junts había avanzado su abstención, con el PSOE y Coalición Canaria posicionándose a favor. Sin embargo, los diputados de Junts se han sumado al bloque del 'no', impidiendo que la proposición de ley sea tomada en consideración. Además de Sumar, la proposición de ley iba firmada por EH Bildu, ERC y BNG, aunque el segundo partido del Gobierno de coalición dice haber hablado "con todos los grupos políticos" salvo Vox.
Este plan ha generado críticas por parte incluso de los socialistas, con un Patxi López que no estaba de acuerdo con la prohibición de comprar viviendas en zonas tensionadas que defiende Sumar. Para Junts, esta proposición de ley no resuelve los "problemas de fondo" que existen para el acceso a la vivienda.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, defendía que esta proposición de ley está motivada por la "situación extrema que ha alcanzado la vivienda en España". En Al Rojo Vivo, el ministro de Sumar ha criticado que las comunidades autónomas gobernadas por el PP "no estén aplicando la ley de vivienda. "Lo que es extremo es que la juventud no se pueda emancipar, lo que es extremo es que las familias trabajadoras no puedan pagar un alquiler, lo que es extremo es que haya fondos buitres y especuladores que se están lucrando de una manera obscena mientras que la gente no tiene derecho a vivir en un piso", ha lamentado.
El texto trataba de ponerle freno al uso "fraudulento" que pueden llevar a cabo propietarios del alquiler temporal para sortear las obligaciones que establece la actual ley de vivienda en España, obligando al arrendador de justificar la necesidad de temporalidad y, por tanto, de probarla en unos términos equivalentes a la legislación laboral. También se introduce una presunción general a favor de los contratos de vivienda habitual.